La trama del millonario desfalco a recursos de las víctimas en Antioquia

Irregularidades en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado denunciadas por algunos de ellos en el departamento de Antioquia permitieron, según la Policía, descubrir una red dedicada a la filtración de información para suplantar a reclamantes de reparaciones para ese tipo de población.
La organización delincuencial habría logrado cobros hasta por 232 millones de pesos.

Según la Policía, la investigación permitió establecer que el 2 de octubre del 2015 en la Unidad Administrativa para la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV Antioquia), ubicada en la carrera 52 No. 51 A - 23 en el centro de Medellín, se estaban pagando ayudas humanitarias a víctimas que estaban siendo suplantadas, así mismo se evidenció y se documentó el pago irregular a 11 víctimas, el cual asciende a un monto de 232 millones de pesos.
La manera en la que los supuestos delincuentes lograron obtener el dinero, explicaron las autoridades, fue mediante la alteración de los formatos y bases de datos, así como de las cuentas de ahorros, y demás información que permitían realizar los pagos o desembolsos a los cuales no tenían derecho.
El ilícito, según la Policía, era realizado tanto por directivos como empleados de la UARIV, quienes tenían acceso a la información de las víctimas, luego la filtraban a algunos expersoneros y tramitadores que se encargaban de ubicar personas que pudieran falsificar las cédulas de ciudadanía de las víctimas para suplantarlas.
Además, dijo la Policía, los funcionarios inmiscuidos en la red coordinaban con el gerente de un banco en el departamento, el cual “participada en la creación de cuentas a nombre de estas personas para posteriormente retirar el dinero, del cual era favorecida la supuesta víctima”.
Por eso, fueron detenidas siete personas, entre ellos Jorge Mario Alzate Maldonado, director Territorial de la Unidad de Víctimas, de 44 años de edad. (Lea también: Director de la Unidad de Víctimas de Antioquia fue capturado). 
También, cayeron Javier Ignacio Aguilar, coordinador del área de reparación individual; Wílmer Arley Céspedes, contratista de la entidad; Ismael Gómez Arboleda y Lucía Restrepo Echavarría, ambos exfuncionarios de la entidad. Y Héctor Mario Correa Arrayanes, expersonero de Granada (Antioquia), y Óscar Emel Castaño Gil, gerente del Banco Agrario de ese municipio.
Ellos, dijo la Policía, estarían dedicados al desfalco de la UARIV mediante la reclamación de las indemnizaciones administrativas de forma fraudulenta.
La red, aseguró la Policía, funcionaba en Medellín y El Santuario y su caída hace parte de una operación posterior a una redada que en 2015 permitió la captura de 10 tramitadores por actividades de corrupción en contra del programa de atención y reparación a las víctimas.
Esa primera organización delincuencial, manifestó la Policía, realizaban supuestas “gestiones” para facilitar la entrega de ayudas humanitarias e indemnizaciones a favor de las víctimas del conflicto.
También “comercializaban usuarios y claves de acceso a sistemas de información de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV, cobraban dinero a las víctimas por presuntamente agilizar los pagos de ayudas e indemnizaciones de las que eran beneficiarias y tenían acceso ilegal a los sistemas de información reservados que maneja la UARIV, de igual forma usaban oficinas de atención a víctimas en los municipios de Urabá, Urrao y Caucasia”, informó la Fuerza Pública.
Los siete detenidos fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir, falso testimonio, acceso abusivo a un sistema informático, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad material en documento público.