Rodolfo Hernández llegó a Vichada, departamento que en febrero pasado no supo ubicar en el mapa, aunque eso no fue impedimento para que ganara el 29 de mayo. Allí se comprometió a entregar la plata de reposición de votos al municipio más pobre de Colombia en el que, en caso de ser presidente, también podría posesionarse.Rodolfo Hernández dijo que, si es presidente, se posesionaría en Concejo de Piedecuesta: “Es gratis”En su visita, el candidato instó a los asistentes a hacer “un poquito de silencio para escucharlos y que sea fructífero, no hacer lo que hace el político que viene aquí, que les promete el cielo y la tierra y nunca vuelve”.Rodolfo Hernández también aseguró que no quiere “imponer nada” al hablar de las propuestas que tiene para ese departamento.Propuesta de Rodolfo Hernández de trabajar “de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde” causa revuelo
El asesinato de un adulto mayor en Puerto Carreño, Vichada, no tiene que ver con un robo, informaron autoridades. El hombre, identificado como Luis Ernesto Salamanca, fue encontrado en un lote baldío. El misterioso crimen enluta a la población, donde, en promedio, se reporta un homicidio por mes.La víctima tenía múltiples heridas de arma blanca en el abdomen, cuello y manos.Puede interesarle:Aterrador crimen: secuestraron y asesinaron a un hombre, su esposa y amiga de ella por extorsiónEste asesinato en Puerto Carreño tiene conmocionada a su familia. Nancy Salamanca, una de sus hijas, dijo que él no sacó sus pertenencias de la casa.“Dejó el dinero que mi hermana siempre le tenía para que se tomará los tintos y dejó el celular”, relató.Las autoridades intentan reconstruir el asesinato de un adulto mayor en Puerto Carreño.El coronel Edilberto García, comandante de la Policía del Vichada, dijo que frente al caso “hemos establecido que no es un hurto que se presenta, no se roban absolutamente nada, no es por hurtarle al señor, es con el ánimo de hacerle daño a él y pues eso es lo que sucede”Carlos Pardo, secretario de Gobierno de Puerto Carreño, anunció “una recompensa de hasta 5 millones de pesos para esclarecer este homicidio que hoy enluta a nuestra región”.Vea también:Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Santander: estaba en una quebrada
La comunidad indígena de Puerto Carreño, Vichada, denunció que un hombre aún desconocido abusó sexualmente de una niña de 9 años en una finca. A través de un comunicado, la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Vichada y Orinoco (Orpibo) señaló que el hombre se llevó a la menor engañándola con promesas de comprarle comida.“El señor le dijo que listo, que le compraba algo, pero que se montara en la moto y que iban a ir a la tienda, pero la llevó fue a las afueras del pueblo, a una finca más arribita llamada El Caimán y allá fue que se aprovechó de la niña, la violó y le pegó”, narró Elíseo Gallardo, presidente de la Orpibo. Preocupa, además, que la asociación dice que este tipo de hechos ya han ocurrido en otras ocasiones.“Los compañeros indígenas, a veces por algunos temores, pues no han denunciado y desde la organización se colocó la denuncia pública”, enfatizó Gallardo.Por su parte, la Policía busca al responsable de este aberrante caso de abuso infantil.“Hay un equipo bien estructurado, conformado solamente para ese caso, esperemos que demos un buen resultado. No va a ser nada fácil por el momento, el lugar, los hechos sucedidos, pero estamos trabajando para un buen resultado a nuestra comunidad”, indicó el coronel Edilberto García, comandante de la Policía de Vichada.El ICBF aseguró que la niña se encuentra bajo su protección y que dispuso de un equipo de profesionales para hacer la verificación de derechos y valoración psicosocial.
Autoridades dicen, además, que no se está acatando el pico y cédula. Para completar, este jueves se realizó una protesta de mototaxistas.“Son 1.504 comparendos que se han aplicado hasta el momento a personas incautas cuando violan las medidas sanitarias frente al COVID-19. Acá en el apartamento de Vichada, Carreño aporta casi un 75 %, un 80 %, de esos comparendos que se vienen aplicando”, declaró coronel Edilberto García, comandante de la Policía de Vichada.El hospital departamental se encuentra en fase de expansión para estar preparado a un posible brote de contagio. Sin embargo, se hace el llamado a la comunidad para acatar las medidas de manera responsable.
Son más de diez mil hectáreas en cercanías del río Bita, en Puerto Carreño. Pobladores y autoridades intentan alejar las llamas de las viviendas. "En este momento hay 5 unidades al mando de la comandante, se han quemado aproximadamente desde 10.000 a 12.000 hectáreas. Las unidades ahorita se encuentran haciendo un cortafuegos para evitar el riesgo que emite a las viviendas", indicó el cabo Pedro Julio Castañeda, subcomandante de bomberos de Puerto Carreño.
Se trata de 60 extranjeros que fueron expulsados del país por presuntamente cometer varios delitos. Entre ellos se encuentran algunos con antecedentes. Uno a uno fue bajando los ciudadanos esposados, para ser trasladados a tres camiones que esperaban en la pista del aeropuerto de Puerto Carreño. Posteriormente, fueron sacados hacia una unidad militar. “En Puerto Inírida no los quisieron recibir, la comunidad de allá no los quiso recibir y se vinieron para Puerto Carreño. Acá entre la Armada, la Policía y el Ejército nos hicieron una jugada de colocarnos un canal acá con civiles y los sacaron por otro lado, a nosotros nos da miedo por la situación que vivimos en este pueblo”, relató Nelson Eduardo Vargas, habitante inconforme con la deportación. El alcalde rechazó el hecho y solicitó que los extranjeros sean trasladados cuanto antes fuera del municipio. “Nosotros le pedimos al gobierno nacional que le ponga cuidado a Puerto Carreño”, manifestó Marco Pérez. Los deportados se encuentran en este momento en una unidad militar esperando su traslado definitivo.
Era del acueducto e iba a beneficiar a más de 1.000 personas, pero quedó en veremos. Vea, además: conductores que viven un verdadero martirio en San Luis de Gaceno, Boyacá. .
Uno está ubicado en Puerto Carreño y, el otro, en Sucre. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo en Colombia? Denuncia de El periodista soy yo.
Los habitantes de zona rural del municipio de Puerto Carreño nunca habían contado con este servicio. Cientos de familias en Vichada disfrutan, por primera vez, de la electricidad en sus hogares, gracias a la implementación de paneles solares que cambiaron sus vidas. “Muy bueno, yo me levanto a las 2 de la mañana a pelar maíz, a matar el marrano y ahí tengo la luz como de día, muy buena ha sido una bendición", cuenta Jesús María Cerón, uno de los beneficiados. Debido a las altas temperaturas que se manejan en esta región, conservar los productos no era tarea fácil, pero eso quedó en el pasado. "Me tocaba ir al pueblo a comprar hielo y traer, pero si no tenía venta entonces se perdía lo frío, entonces ahora no, porque tengo la energía. Ya no estoy pensando que me toca comprar hielo, ya la tengo permanente", relata Próspero Ramírez Figueroa, habitante de Puerto Carreño. Gracias a la implementación de estos paneles solares, son alrededor de 650 familias que hoy cuentan con luz las 24 horas del día en el Vichada. “Esto es una inversión del Gobierno Nacional de 12 mil millones de pesos que beneficiará a familias de más de 18 veredas acá en el Vichada”, explica María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía. La ministra de Minas y Energía, además de hacer la entrega oficial de los paneles solares, visitó el proyecto de ‘Refoenergy Bita’, que busca generar energía eléctrica para Puerto Carreño y así no depender más de la interconexión con Venezuela. “Básicamente lo que estamos construyendo es una central de generación en dos etapas, una central de generación en biomasa y una central de generación en diesel", señala Juan Pablo Heleno, ingeniero de Refoenergy Bita. "Muy importante el tema de la biomasa, que deberá llegar para el 2021, porque es energía sostenible porque es energía limpia", añade la María Fernanda Suárez. En Colombia hay cerca de 500 mil familias que no cuentan con energía eléctrica, la ministra aseguró que su meta para el año 2022 es llevar energía con fondos públicos a 100 mil familias que no cuenten con el servicio.
Para expertos en conflicto y seguridad nacional, el ministro de Defensa tiene que reestructurar su protocolo de comunicación interna o dar un paso al costado. Guillermo Botero fue abucheado en Puerto Carreño por polémicas declaraciones respecto a la seguridad en esa zona de los Llanos orientales. “Hurtos de residencia son unos hurtos menores y están muy concentrados, increíblemente, en el robo de ropa que está siendo extendida en unas cuerdas para su secado”, dijo Botero durante el Taller Construyendo País. La afirmación generó el rechazo de los habitantes de la zona, quienes denunciaron varios casos de inseguridad. Sonia Prada, líder comunal, le recordó al ministro que hay otros problemas como robos, drogadicción y prostitución ilegal. El señalamiento del ministro Botero también fue cuestionado por uno de los representantes a la Cámara de Vichada quien aseguró que le están mintiendo al pueblo. “Que lleguen a una conclusión que la delincuencia acá en el municipio de Puerto Carreño es que se roban la ropa en el patio de la casa, yo creo que eso es una falta de respeto y que estén dando esos resultados", señaló Camilo Arango. Pero no ha sido la única declaración polémica. Hace unas semanas también dijo, en principio, que Dimar Torres había muerto en un forcejeo con un cabo del Ejército y después resultó que se trató de un homicidio en persona protegida. “Según él (el cabo), le trataron de arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona de las FARC”, señaló el ministro el pasado 29 de junio. Sobre el asesinato de María del Pilar Hurtado, el jefe de la cartera se apresuró a señalar al ELN como responsable del homicidio, después la hipótesis cambio y apunto a bandas criminales. Ariel Ávila, analista del conflicto, asegura que un ministro de Defensa, en un país como Colombia, no puede salir tantas veces en falso. “El ministro está siendo utilizado, está saliendo en falso apresuradamente y no tienen como constatar la infromación internamente”, sostiene Ávila. Para el experto Néstor Rosanía, el cargo de ministro de Defensa lo debe ocupar un experto en seguridad nacional. En contexto: Mindefensa sugirió que hurtos en Vichada corresponden a robo de ropa colgada en cuerdas
La primera persona a la que el Estado peruano le aprobó la eutanasia, Ana Estrada (47 años), quien padecía una enfermedad degenerativa progresiva, murió el domingo mediante este procedimiento médico, informó este lunes su abogada en un comunicado.Martha Sepúlveda recibió la eutanasia tras meses de espera"El domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final", indicó la abogada Josefina Miró Quesada.El comunicado detalló que el procedimiento médico se realizó conforme al Plan y Protocolo de Muerte Digna aplicable a Estrada, que fue aprobado por el seguro social estatal EsSalud "en el marco de la histórica sentencia a su favor, emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022".Ana Estrada sufría desde los 12 años polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita los músculos y que la mantuvo conectada a un respirador artificial.En los últimos años, fue el símbolo de la eutanasia en Perú, puesto que fue de las primeras personas en abrir su debate en la sociedad."Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía", compartió la familia en la información al agregar que agradeció a los funcionarios públicos que integraron en su momento la Defensoría del Pueblo y la defendieron.Recordó que su caso permitió que la justicia peruana reconociera por primera vez en su historia "que todos tenemos derecho a morir con dignidad", tras una batalla legal que empezó en 2019."La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derechos. Su lucha ha trascendido las fronteras de nuestro país y ha marcado un hito en la región", señaló.Añadió que Ana Estrada, psicóloga de profesión, "se convirtió en el rostro de esta justa causa que se propone defender la dignidad de principio a fin y la libertad de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos"."El legado de Ana vivirá en la mente y el corazón de muchas personas y en la historia de nuestro país. Sus familiares y seres queridos celebramos su vida, y agradecemos las muestras de solidaridad, apoyo y comprensión hacia la lucha de Ana", concluyó el comunicado.El 22 de enero pasado, Ana Estrada se mostró satisfecha de poder elegir al médico que la asistiera cuando decidiera someterse a la eutanasia, tras la resolución de las observaciones que hizo al protocolo del procedimiento el seguro social."Esto es para mí, exactamente, como me lo propuse desde el primer día… Yo sabía que esto era una garantía para mi vida. Yo necesitaba esta carta verde para que yo pueda vivir con plenitud en esta última etapa, que no sea dolorosa, ni con angustias de qué es lo que va a pasar", dijo entonces la paciente.Joven decide practicarse la eutanasia debido a graves problemas de salud mental
Un juez decidió enviar a la cárcel a un extranjero en Medellín que habría ofrecido dinero a una menor de 17 años para tener relaciones sexuales en un apartamento del barrio El Poblado.La razón por la que dejaron libre a ciudadano chino hallado en Medellín con menor de edad"De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la noche del pasado 18 de abril, el extranjero habría llevado con engaños, hasta su apartamento del barrio El Poblado de Medellín, a la adolescente", señaló la Fiscalía en un comunicado.La menor se negó a las pretensiones del hombre de 57 años y denunció el hecho ante las autoridades, por lo que posteriormente el sujeto fue capturado."Ante la negativa de la víctima, el hombre, al parecer, la empujó y la saco del inmueble. La menor fue auxiliada por los vigilantes del edificio y, luego de poner el caso en conocimiento de las autoridades, el extranjero fue capturado", anotó el ente investigador.Este extranjero en Medellín fue imputado por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y, según la Fiscalía, el hombre no se allanó a los cargos.Robaron un Rolex en Medellín y pidieron $75 millones para devolvérselo al dueño, pero los atraparon
El Sena lanzó una convocatoria del Fondo Emprender por 45.000 millones de pesos para financiar proyectos campesinos en todo Colombia.Más de 500 mujeres emprendedoras podrán recibir hasta $100 millones: ¿cómo postularse?Jorge Londoño, director del Sena, estuvo en Signo Pasos para explicar detalles de dicha convocatoria y cómo los interesados pueden acceder a estos recursos.Sena le certificará gratis habilidades en construcción, diseño y más: hay 5 mil cupos
El domingo 21 de abril de 2024, en varias ciudades de Colombia se registraron multitudinarias marchas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, lejos de escuchar el clamor de muchos ciudadanos, se ha dedicado a minimizar las movilizaciones.Iván Name le hizo una petición al presidente Petro tras las movilizaciones: “No invente problemas”Para analizar el impacto de estas marchas, a Juan Esteban Lewin, jefe de redacción del diario español El País en Colombia, y Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional, estuvieron en Sala de Prensa.Andrés Calle sostuvo que las marchas del domingo “son un acto para reflexionar y llegar a acuerdos”
Después de más de cuatro décadas, aún no se sabe con certeza qué paso con un grupo de estudiantes víctimas de desaparición forzada a finales de los años 70 y principios de los 80.Alejandro Arias, presunto homicida del veedor Jaime Vásquez, fue enviado a la cárcelHoy los que piden justicia son los hijos, los hermanos y los nietos de ocho estudiantes de la Universidad Nacional detenidos, desaparecidos y torturados por lo que en su momento se conoció como una alianza criminal entre el Movimiento Muerte a Secuestradores, en cabeza del narcotráfico, y el F2, la Policía secreta.“Fueron en su mayoría personas jóvenes, estigmatizadas por agentes e instituciones formalmente representantes de un Estado de derecho, pero que jamás se ciñeron al derecho. Si privaron de la libertad, si fingieron que investigaban delitos, si engañaban con falsificadas protecciones de la ley o de las víctimas, ninguna de sus diligencias siguió trámites legales”, expresó en un discurso Javier Giraldo, defensor de derechos humanos.Como un acto de justicia y una medida de un poco de reparación, por primera vez la Universidad Nacional de Colombia otorgó ocho grados honoríficos y simbólicos a estudiantes víctimas de desaparición forzada.Teresa San Juan, hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982, y algunos de quienes dibujaron la emblemática imagen de Ernesto Che Guevara en el campus universitario, esperó por este tipo de reparación 42 años.“Cuarenta años de lucha, 40 años de búsqueda, 40 años recorriendo los periódicos, 40 años recorriendo las calles con carteles”, recordó Teresa San Juan.Carlos Armando Joya, hermano de Edilbrando, estudiante y cerrajero desaparecido el 13 de siempre de 1982, dice que su hermano tenía que presentar un examen, pero nunca llegó.“Yo vine a preguntar con los compañeros y los profesores qué había sucedido y empecé a enterarme de cosas que no tenía idea. Ya había algunos estudiantes desaparecidos, otros mismos de los que estamos aquí nombrando, el caso Colectivo 82, y Edilbrando fue el último de los estudiantes”, contó Joya.Cuarenta años de una escandalosa impunidad, dicen las familias. Padres que se cansaron de recorrer las calles pidiendo justicia. Sin embardo, hoy ninguno está vivo para recibir este reconocimiento.“Yo aspiro a no morirme sin conocer la verdad, yo quiero la verdad y quiero justicia”, dice Nancy García Villamizar, hermana de estudiante desaparecido.“Llegaron al taller, entraron y se identificaron como miembros del F2 y dijeron que lo iban a llevar para una investigación. Mis primos trabajaban con mi papá e intentaron detenerlo porque lo llevaban hombres fuertemente armados y se lo llevaron, lo subieron a una camioneta panel ese día y de ahí no hemos vuelto a saber nada de él”, recordó Martha Ospina, hija de uno de los estudiantes desaparecidos.Hace 30 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de estas desapariciones y hace dos años fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Todo esto ocurrió en el marco del Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982.Rafael Barrios, cofundado del Cajar, asegura que “son agentes del Estado los que perpetraron está desaparición forzada”.Estas son algunas de las familias de lo que se conoce como el Colectivo 82, quizás el primer caso de desaparición forzada colectiva de la que se tiene registro en Colombia, los mismos que encabezaron las marchas de los claveles blancos.“La gente salía consternada viéndonos a nosotros haciendo esto porque decían: ‘¿Pero si en Colombia no hay desaparecidos? ¿Cómo así?’. Y nosotros le decíamos: ‘Sí hay desaparecidos. Mírelos, aquí están, son ellos, son mis hermanos, mírelos’”, manifiesta Carlos Armando Joya.Un precedente para la historia, una herida que no se cierra, un grado que solo será póstumo cuando las familias reciban los cuerpos de sus seres queridos.Caen señalados traficantes que estarían enviando armas a disidencias de las FARC