Ley trans en España: expertos hablan de "una libertad condicionada" a pesar de los avances

Tras años de lucha, y en medio de la presión ejercida por partidos políticos de derecha, el Congreso español aprobó la“Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, o conocida como ley trans. El texto aprobado aborda, entre otros asuntos, las políticas públicas que promueven la igualdad efectiva de las personas LGBTIQ+, medidas de igualdad real y las medidas de protección y reparación frente a la discriminación.

Wilson de Jesús Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo, recalca que este ejercicio es aleccionador para todos los países que trabajan por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+. Castañeda explica que, a pesar de que España ha sido referente por sus avances en cuestiones de legislación que ampare los derechos LGBTIQ+, la aprobación de esta ley llevo más de 10 años de trabajo y fue planteada por la sociedad civil al percibir que la ley que desde 2007 permitía el cambio de sexo en los documentos no era suficiente para afrontar problemas como la discriminación, las restricciones educativas, los diferentes tipos de violencia y las mal llamadas “terapias de conversión”, entre otros.

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Dentro de los puntos que más destacan dentro de la ley está la despatologización de la transexualidad, por lo cual elimina los requisitos médicos que se tenían en el país para hacer el cambio de sexo en el documento de identidad. Esto implica que ya no se requerirá la hormonación y el informe que avale una disforia de género para realizar el cambio, sino que solo se debe comunicar una autodeterminación de género.

España se convierte en el décimo país de Europa en incorporar a sus sistemas legales la autodeterminación de género. En el modelo español esta herramienta permitirá que a partir de los 16 años el cambio en documentos se pueda dar de manera libre. Para los menores entre los 14 y 16 años se requerirá el consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y los 14 años se pedirá aval judicial.

Castañeda también expone que algunos colectivos consideran que estos avances, aunque importantes, son una libertad condicionada, debido a que en muchas ocasiones en el núcleo familiar no acogen a sus hijos e hijas trans, lo cual podría ser violatorio para la identidad del menor.

Además de ello, se impondrán multas de hasta 150.000 euros para quienes promocionen o practiquen programas que pretendan modificar la orientación o identidad sexual.

Irene Montero, Ministra de Igualdad de España, agradeció por parte del Gobierno a la lucha de la comunidad LGBTIQ+ por su constante lucha. “Las personas trans no son personas enfermas, son personas, son quienes son, y el Estado a partir de hoy lo reconoce”, agregó.

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