La Contraloría General de la República archivó la investigación en contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunto sobrecosto en un contrato de alimentación escolar en medio de la atención de la emergencia del coronavirusen la ciudad.
Con la decisión del ente de control también se archivó el proceso fiscal que se adelantaba en contra de la secretaría de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz, “toda vez que no encontró daños ni detrimento al erario público”, informó este viernes la Alcaldía.
“La Secretaría de Educación de Medellín adelantó estudios y documentos previos para garantizar la transparencia del proceso de contratación para la entrega de 220.578 paquetes alimentarios. Dichos documentos están publicados en la plataforma de contratación pública, al igual que los anexos administrativos, para consulta de los entes de control y la ciudadanía”, indicó la administración municipal.
El ente investigó la relación entre los precios base de los alimentos entregador por la Alcaldía y el precio por el que se adquirieron y concluyó “que no había daño fiscal o detrimento patrimonial a partir de la comparación hecha con el Sistema de información de Precios Agropecuarios (SIPSA) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)”.
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En el auto no. 701, el ente de control explicó: “no es posible predicar la existencia de una desviación significativa e injustificada de los precios pactados en el contrato de suministro entre el municipio de Medellín y la Corporación Colombia Avanza, pues en aquellos casos en que se presentaron diferencias, estas encuentran sustento en los factores externos que incidieron en el precio de los productos, al punto que en algunos casos el precio pactado por las partes contractuales está por debajo del promedio reportado en el SIPSA”.
Incluso, según la Alcaldía de Medellín se logró un ahorro de 538.482.582 pesos.
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La Contraloría había puesto la lupa en el contrato firmado por ese despacho con la Corporación Colombia Avanza por más de 7 mil millones de pesos, que tenía como objeto el suministro de alimentos para niños a través del Programa PAE, durante la emergencia del COVID-19.
Por esa razón, el organismo había abierto un proceso de responsabilidad fiscal contra los funcionarios, por 942.750.372 pesos de presuntos sobrecostos, el cual acaba de ser archivado.
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