En una misión humanitaria que realizó del 7 al 11 de marzo en Murindó, Antioquia, la Iglesia católica encontró graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario en contra de las comunidades indígenas.
Los responsables, según la Iglesia, son el ELN y las Autodefensas Gaitanistas en su lucha por controlar las rutas del narcotráfico, la implantación y recolección de cultivos de uso ilícito.
“Las comunidades indígenas han sido víctimas de confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de sus jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y la pérdida de su autonomía. ElELN ha instalado minas antipersonales dentro de los cultivos y en los caminos de las comunidades”, denuncia monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quindío.
El ELN además ha ejecutado asesinatos selectivos y desplazamientos de, al menos, 140 personas.
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“El ELN obligó a las mujeres y los niños de la comunidad a desplazarse y, delante de ellos, instalaron minas antipersonales dentro de sus viviendas y frente a la escuela”, afirma Barreto.
Y lo peor, dice la comisión humanitaria, la fuerza pública no está haciendo nada.
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“Preocupa que las Autodefensas Gaitanistas se muevan con mucha libertad en el territorio y actúen en connivencia con miembros de la fuerza pública. Esta situación ha sido una constante en los últimos años”, agrega monseñor.
Por eso la Iglesia hizo estas tres exigencias:
- Intervención estatal que garantice los derechos sociales y firmar e implementar un acuerdo humanitario que incluya cese al fuego.
- A la fuerza pública, distanciamiento de los actores ilegales.
- Y a los grupos armados, observar el Derecho Internacional Humanitario y ordenar el desminado de estos territorios.
“Un llamado urgente de cómo devolvemos otra vez la sonrisa a estas comunidades y que dejen el miedo a un lado porque es muy triste que uno en su propio territorio tenga miedo y no pueda salir”, manifiesta Amelicia Cruz, integrante de la Organización Indígena de Antioquia.
Otra de las revelaciones que hizo la Iglesia es que después de cinco semanas de confinamiento apenas han empezado a llegar las ayudas humanitarias.
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Dos mil indígenas están confinados y desplazados
Confinados permanecen más de dos mil indígenas. La Séptima División delEjército adelanta operaciones de desminado en las zonas donde habitan estas comunidades.
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En los últimos días las tropas, en trabajo conjunto con otras autoridades, han logrado destruir 10 artefactos explosivos improvisados a través del desminado militar y que estaban instalados en los territorios de comunidades indígenas como los resguardos río Murindó y río Chajeradó.
“Estamos desarrollando actividades de desminado militar, operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo y el ELN, pero también generando las condiciones de seguridad para que las autoridades civiles, nacionales y regionales puedan llevar las ayudas humanitarias”, subraya el general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División.
Según la Organización Indígena de Antioquia, más de dos mil personas permanecen confinadas y desabastecidas en su propio territorio, por las constantes intimidades de grupos armados como el ELN, que ni les permiten llegar a los cultivos de Pancoger.
“Es una exigencia al gobierno departamental y el Gobierno Nacional para que cuanto antes activen las rutas para que se atienda esta difícil situación en las comunidades indígenas, para que se active la ruta de protección a la vida”, reclama Alexis Espitia, coordinador de derechos humanos de la Organización Indígena de Antioquia.
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En la comunidad Turriquitadó Alto, continúan desplazados 168 indígenas y confinados en la comunidad vecina, Turriquitadó Lllano.
Según las autoridades, 12 toneladas de ayudas humanitarias han sido entregadas en la zona.
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