Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, explicó por qué a consideración del Gobierno, las medidas cautelares solicitadas por Daniel Quintero luego de ser suspendido no proceden en este caso.
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La reunión de la canciller con la CIDH se da tras la decisión del suspendido mandatario de pedir medidas cautelares para ser restituido a su cargo en medio del proceso que adelanta en su contra la Procuraduría. Sin embargo, durante su visita a Estados Unidos, la canciller dio la siguiente respuesta.
“Bajo el entendido de que el Estado cuenta con los mecanismos para salvaguardar los derechos del suspendido alcalde Quintero, se demostró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas y, por tanto, de la activación de la competencia de este órgano internacional en el presente asunto”, dijo Marta Lucía Ramírez.
La respuesta de Ramírez se da después de que el organismo internacional solicitara al estado precisar lo que ha ocurrido en torno al caso.
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“En la reunión presentaron las acciones desplegadas por el Estado en materia de seguridad personal y familiar, así como de acceso a la justicia a favor del señor Quintero Calle. Además, se enfatizó en el carácter motivado de la suspensión provisional dentro del proceso disciplinario, demostrando que lejos de existir algún escenario de persecución contra el señor Quintero en la presente contienda electoral se han adoptado idénticas medidas al menos en el caso de otros cuatro funcionarios públicos con diversas posturas políticas”, agregó.
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El equipo jurídico de Daniel Quintero aún no se pronuncia; no obstante, el suspendido alcalde reaccionó a través de un trino. “¡Vaya sorpresa!”, fueron las palabras de Quintero.
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Pero más allá del pleito que este tema genera, expertos analizan si tal y como lo señala Quintero y su equipo, en su caso aplican la intervención de la CIDH.
“No aplican las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos, que prohíbe que se destituya un funcionario público de elección popular”, afirmó Juan Manuel Charry, experto constitucionalista.
“Son viables en este caso cuando hay gravedad urgencia o se puede generar un daño irreparable”, agregó Kenneth Burbano, director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, Universidad Libre.
Por lo pronto y mientras avanza el proceso, Daniel Quintero seguirá por fuera del cargo por el que fue electo en 2019. Esta semanafue nombrada Andree Uribe como alcaldesa encargada.
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