La Contraloría General de la República refutó la investigación fiscal hecha por la Contraloría de Medellín por la celebración delcontrato del programa Buen comienzo,un convenio por 27 mil millones de pesos que durante la pandemia del COVID-19 buscaba garantizar la alimentación de la primera infancia en Medellín.
Esta investigación tiene enredada por presunta corrupción a la administración del alcalde Daniel Quintero y, en febrero de este año, llevó a casa por cárcel a la entonces secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, hoy nuevamente en libertad.
“En los próximos días puede haber allanamientos para rescatar las pruebas o para mirar qué no hizo la Contraloría Distrital de Medellín. En ese sentido, llamamos a que la Contraloría General haga un embargo selectivo de los posibles responsables fiscales, ya sea la exsecretaria de Educación y contratistas que hayan tenido que ver con la contratación de Buen Comienzo”, indicó Luis Peláez, diputado de Antioquia.
La Contraloría General de la República señaló que teniendo en cuenta la existencia de indicios que cuestionan la imparcialidad de la Contraloría de Medellín, asume el control de la investigación.
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“No deja de ser algo severo contra las contralorías territoriales, puesto que las causales para esta intervención funcional son la mora, la falta de eficacia, la falta de imparcialidad o el hallazgo de situaciones de corrupción”, dijo Jaime Andrés Cuartas, abogado especialista en derecho administrativo.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió al anuncio del órgano control:
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“Es que la Contraloría ya había asumido el control preferente sobre el proceso porque nosotros se lo habíamos solicitado. El control preferente fue asumido hace un mes y lo que busca es que nos acompañe en el proceso de liquidación porque el contrato no está ni liquidado, ni pagado”, aseguró.
También se pronunciaron congresistas y agremiaciones de Antioquia:
“Releva a la Contraloría de Medellín que no ha sido imparcial porque desafortunadamente ha sido cooptada por las fuerzas de Daniel Quintero”, manifestó Daniel Carvalho, representante a la Cámara.
“Desafortunadamente, todos los procesos que llevan diferentes veedurías donde se evidencia ese posible carrusel de la contratación en Medellín no ha sido llevado de la mejor manera por los órganos de control regional”, señaló Nicolás Posada, presidente del Comité Intergremial de Antioquia.
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La Contraloría podría investigar otras dependencias de la Alcaldía de Medellín, mientras que la Fiscalía podría indagar a la contraloría regional por presunto prevaricato y otros delitos administrativos.
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