Corte Suprema de Justicia ordena capturar al alcalde de Nechí, Antioquia

Una vez más, Miguel Enrique Franco se ve implicado en hechos de corrupción. Pera ahora deberá ser detenido para que pague una condena.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió casar una sentencia impugnada por la Fiscalía General de la Nación, ente que pidió que se emitiera el fallo contra el alcalde de Nechí, municipio del Bajo Cauca antioqueño.

El alto tribunal lo halló culpable de los delitos de prevaricato por acción, en concurso homogéneo y sucesivo y le impuso una pena de 60 meses de prisión, una millonaria multa y 94 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Los hechos que le endilgan tienen que ver con la emisión de un acto administrativo emitido, según la sentencia, para poner en un cargo público a Everilda Liseth Osorio Martínez, la empleada de un granero que terminó como secretaria de Hacienda y Tesorera del municipio “pese a que no reunía los requisitos académicos y de experiencia legalmente previstos para el ejercicio del cargo”.

Con el fallo, según la Corte, “se busca difundir confianza en la colectividad haciéndole ver que conductas de esta entidad tienen tratamiento penitenciario, con el fin de disuadir el quebranto de los postulados normativos precisamente encaminados a velar por su protección. De ahí que no haya lugar a la concesión del instituto, pues la laxitud en este tipo de eventos propagaría un estado de peligro en la ciudadanía”.

Los hechos se remontan al primer periodo de Franco Manco en la Alcaldía de Nechí, en 2009.

Noticias Caracol consultó con dos fuentes judiciales, quienes explicaron que la captura debe darse de manera inmediata, por la necesidad de que se cumpla con la condena, porque le fueron retirados los beneficios legales y por la gravedad del delito, aunque el fallo puede ser impugnado.

Franco Manco se ha visto envuelto en otros hechos de corrupción y se le recuerda recientemente por haber sufrido un aparatoso accidenteen la madrugada cuando conducía su vehículo.

En la sentencia de 82 páginas, la Corte pide investigar a otros funcionarios, entre ellos el secretario de Gobierno de la época y al Instituto Unión Profesional para la Educación y el Trabajo (Instituto UPET), “entidad que no estaba autorizada por las autoridades competentes para prestar sus servicios en el citado municipio, lo que ocasionó la pérdida de los recursos aportados por el ente territorial para apoyar económicamente a 120 estudiantes”.

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