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Es que las consecuencias del paro minero en Antioquia cada vez son más graves. Son 16 municipios del nordeste y el Bajo Cauca antioqueño los afectados.
Árboles centenarios han sido derribados en por lo menos 10 puntos de estos municipios para obstaculizar el paso, lo que ha originado ataques a misiones médicas, desabastecimiento de alimentos, medicamentos y afectación en la movilidad.
Para expertos, como el exprocurador Ambiental Diego Trujillo, las salidas para
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"Solamente en ese momento es que el Gobierno podrá implementar políticas serías de un manejo de la minería sostenible”, afirmó el experto ambiental Diego Trujillo.
Así como el exprocurador, otros expertos en materia de conflicto consideran que mantener los operativos militares y policiales debe ser parte de la estrategia para controlar la minería ilegal en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, donde a hoy se han destruido 65 mil hectáreas de bosque y así como sus fuentes hídricas.
“Restablecer y fortalecer los operativos contra la extracción ilícita de yacimientos mineros y el control de la maquinaria pesada que facilita esas acciones por parte de esos grupos criminales", aseveró el experto en conflicto Andrés Macías.
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Grupos criminales que, hoy inclusive, hacen imperar la ley del silencio en la zona donde sus habitantes no se atrevieron a hablar. Un daño social que se suma a los ambientales generados por los químicos usados para separar el oro de la arena, que tardarán por lo menos 60 años en repararse.
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