Sin sus tradicionales cambuches y sin poder trabajar en lo que han hecho por años, se quedaron decenas barequeros del municipio de Briceño, zona de influencia de Hidroituango, después de una orden de desalojo emitida por laGobernación de Antioquia.
“Estamos aquí en plena persecución con los antimotines que nos tienen a todos arrinconados aquí arriba, nos están explotando gases, nos están disparando, estamos sobreviviendo”, se escucha decir a uno de los afectados en un video del momento del procedimiento.
Padecemos al Estado #Colombia
— Movimiento Ríos Vivos (@RiosVivosColom) November 12, 2020
Esta es la constancia, las "garantías" de @anibalgaviria una @GobAntioquia que despoja a la población vulnerable. Todos los funcionarios que participaron de este procedimiento humillante deberían ir a la cárcel. Dolor y rabia #RiosVivos pic.twitter.com/BHtaygysay
Esto ocurrió en el predio Capitanes en el municipio de Briceño, norte del departamento.
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De acuerdo con el relato de los afectados, toda su vida la han dedicado a esta labor.
“No tenemos a donde ir, hoy no tenemos donde dormir. Qué van a hacer con nuestras familias que viven del sustento que nosotros sacamos acá en las playas”, dijo uno de ellos.
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“Es la misma gobernación la que nos quiere venir aquí a dañarnos los ranchos con el Esmad y dicen que si no nos vamos por las buenas por las malas nos van a tumbar las casas”, afirmó otro.
Noticias Caracol buscó a la Gobernación, única autorizada para pronunciarse, pero hasta la publicación de esta noticia, no obtuvo respuesta. Sin embargo, en su página web, publicaron un comunicado en el que aseguran que la decisión está amparada en la ley, ya que el predio pertenece a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
“A las partes se les garantizó plenamente el derecho a la defensa y al debido proceso, sin que se recibiera ningún documento, recurso, impugnación o prueba por parte de los ocupantes, que acreditara su permanencia regular en el predio”, aseguró la administración departamental.
El comunicado también dice que los ocupantes fueron notificados de la decisión desde el pasado 16 de julio y explica el alto riesgo por la cercanía a los túneles de desviación de Hidroituango.
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