Desplazamiento forzado en Ituango: 309 familias abandonaron sus casas

Presas del miedo, más de 800 personas huyeron desde el Cañón del Inglés hacia el casco urbano de ese municipio afectado por la guerra.

Las amenazas, según testimonios entregados por las víctimas a las autoridades, se dieron por medio de llamadas telefónicas o en persona, cuando miembros del Clan del Golfo exigieron a los campesinos abandonar la zona.

“A algunos los contactaron telefónicamente y a otros llegaron hasta su vivienda y les dijeron que iba a haber enfrentamientos en este sector”, explicó el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez.

Las amenazas de los armados se dieron, según Suárez, en seis veredas de Ituango.

“Es un desplazamiento forzado masivo de seis veredas del municipio de Ituango. Tenemos en total censadas 815 personas de 309 familias”, añadió el funcionario, quien explicó que ante la situación se realizó un Consejo de Seguridad extraordinario para atender la situación.

Por ahora, los afectadosson atendidos en el casco urbano del municipio, luego de que el éxodo se diera en buses escaleras y mientras en redes sociales se hacen campañas para que se les tienda una mano con artículos de primera necesidad, ropa y alimentos no perecederos.

Además, una comisión gubernamental planea ir a Ituango, ubicado a unas cinco horas en carro desde Medellín.

 “El Ejército tiene copado el territorio, hay presencia fortalecida la fuerza pública, de nuestro ejército, en el territorio para contener esta situación. Uno de nuestros objetivos va hacia la ruta de establecer las condiciones y garantías para que esta población retorne a sus viviendas”, manifestó el secretario de Gobierno departamental, quien además anunció la realización de un comité de justicia transicional en la zona.

La situación en Ituango no es nueva. El jueves, 200 campesinos del corregimiento El Aro se desplazaron a inmediaciones de Hidroituango y retuvieron a dos empleados de EPM y nueve contratistas de la hidroeléctrica para exigir presencia de la gobernación y que sus reclamos sean escuchados.

“Unos 200 campesinos del sector de El Aro salieron, bloquearon la vía, tuvieron retenidos a los empleados de EPM y nueve contratistas y pidieron presencia la Gobernación. Pero nuestra posición es: atendemos cualquier situación de esta índole, siempre dispuestos a conversar y a dialogar con la comunidad pero no sobre vías de hecho y menos sobre un presunto delito. Les pedimos que hasta tanto no se liberarán a estas personas no íbamos a hacer presencia, se pactó una reunión el viernes con ellos” finalizó el secretario.

A esta situación se le suman atentados contra exguerrilleros de la ETCR Santa Lucía, cuyo desplazamiento está en camino, secuestros,otros desplazamientos forzados y ataques armados.