Una nueva búsqueda de restos de desaparecidos que se presumen están en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín, fue ordenada por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Los lugares objeto de la exploración de 120 días “estarían ubicados cerca de una base paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, que operó durante varios años en esta zona”, según la JEP.
“Tras un pormenorizado análisis del material entregado por la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Análisis de la Información de la JEP (GRAI), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ordenó proteger y diseñar –en un lapso de 30 días- un plan de búsqueda en estos terrenos”, informó.
Los magistrados prohibieron por medio de una medida cautelar emitida el martes 11 de agosto “cualquier tipo de intervención en estos dos lotes y ordenaron a la Alcaldía de Medellín acordonarlos y conservarlos para que no sean alterados, como lo han sido de manera severa y continua otras zonas aledañas a los perímetros delimitados donde este martes se ordenó buscar víctimas de desaparición forzada”.
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La zona de inspección fue denominada como “Polígono Nuevo” y la JEP cree que ha sufrido pocos cambios naturales o por intervención humana, lo que podría facilitar la investigación.
“El interés que hay sobre esta primera área delimitada se debe a la cercanía con un sector de la base paramilitar que operó en este terreno durante varios años. Es precisamente en ese tipo de zonas donde solían hacer inhumaciones de las personas desaparecidas, de acuerdo con los patrones observados en el marco de los procesos de Justicia y Paz donde declararon múltiples exmiembros del Bloque Cacique Nutibara”, indicó la JEP en un comunicado, aunque hay una carretera que atraviesa el polígono y que es transitada por vehículos y maquinaria pesada, algo que no deja de preocuparles.
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El segundo lote protegido era conocido como la Antigua Laguna y desapareció en 2015 producto de la explotación minera realizada en La Arenera.
“Se trata de un área que registra un aumento de la cobertura vegetal y que también cuenta con una vía que lo cruza. Se ubica a 44 metros, al suroccidente de la llamada Antigua Laguna”, señaló la fuente.
“Un hecho lamentable (…) a pesar de la existencia de testimonios que enfatizaban su importancia para el territorio”, agregó.
La nueva búsqueda obliga a las autoridades locales a garantizar el cerramiento de los lugares delimitados y a la empresa El Cóndor S.A., dueña de estos terrenos, a preservar de los mismos y conservarlos intactos.
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“La única forma de garantizar una adecuada intervención antropológica en los polígonos es preservando el mantenimiento de sus condiciones, para lo cual se requiere su cercamiento e impedir, tanto el acceso de personas, vehículos y maquinaria pesada, como el desarrollo de actividades económicas, especialmente la minera”, advirtió el Tribunal.
Y pidió a su Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) elaborar en un lapso de 30 días un plan de intervención, búsqueda y prospección y ordenó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) iniciar las diligencias en terreno tan pronto como las condiciones de salubridad del COVID-19 lo permitan.
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Además, pidió a la Fiscalía entregar, sin dilación, “la información faltante ya solicitada en el Auto 018 del 24 de febrero. Se trata de los registros de audio (transcripciones) de las versiones libres de los miembros de los bloques Metro de las AUC y del grupo armado ilegal denominado Comandos Armados del Pueblo (CAP) que pudieran estar relacionadas con presencia y actos desarrollados en la Comuna 13 y en especial con hechos de desaparición forzada”.
Entre el 17 y 18 de julio de 2019, la JEP adelantó en Medellín una audiencia pública en la que recogió importante información que le permitiera determinar si había riesgos naturales, o por acción humana, en las zonas donde se presume fueron inhumadas personas dadas por desaparecidas en la Comuna 13, en el contexto del conflicto armado.
Días después, el 29 de agosto de 2018, representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y siete familiares de desaparecidos “le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales se presume existen personas dadas por desaparecidas, entre ellas La Arenera y La Escombrera”, dijo la JEP.
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