La Jurisdicción Especial para la Paz cerró el incidente de medidas correlacionales en contra de Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM, en relación con el caso de personas desaparecidas en la zona de influencia de Hidroituango.
El tribunal le había solicitado a la empresa entregar los documentos en los que se basó para realizar el traslado de cuerpos inhumados en los cementerios de Barbacoas, del municipio de Peque, La Fortuna, en Buriticá, y Orobajo, en Sabanalarga.
EPM respondió la solicitud el 18 de septiembre con 16 documentos sobre las inhumaciones, documentación con la que “sustentó que ninguno de los cuerpos sepultados en los cementerios de las localidades de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá) guardaban relación alguna con el conflicto armado. Es decir, que todos los cuerpos allí inhumados correspondían a personas debidamente identificadas y sobre las que, por tanto, existía la respectiva documentación”.
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El abogado Pedro Steve Páez Pirazán, (apoderado judicial de EPM), indicó que “conforme a lo exigido en el marco de la licencia ambiental, EPM procedió a contratar el traslado administrativo de los cuerpos que se encontraban en los cementerios mencionados en desarrollo de un proyecto social, para que los cuerpos inhumados en tales camposantos fueran trasladados con toda rigurosidad y en respeto de las costumbres de las comunidades”.
Dicho proceso quedo sustentado “mediante escrito del 2 de noviembre de 2017, donde el director ambiental, social y de sostenibilidad del PHI-EPM informó a la Directora Seccional de Fiscalías de Medellín que en el marco del proyecto de Hidroituango se requería implementar 'prospección, rescate, documentación, traslado y disposición final de cuerpos sepultados en los cementerios'”.
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De acuerdo con la información suministrada al tribunal, esta actuación fue acordada con las familias, “por lo que solicitó la autorización para exhumar cuerpos que no hacían parte de investigaciones legales y por información de los habitantes de la zona, no habían sido hallados en las aguas del río Cauca, como indicativo de su posible relación con el conflicto armado.”
En ese sentido, el tribunal resolvió cerrar el incidente de medidas en favor del señor Álvaro Guillermo Rendón, gerente general de Empresas Públicas de Medellín.
Sin embargo, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz manifestó que “previene a EPM de que cualquier dilación injustificada en la entrega de la información requerida o desatender sus órdenes, la habilita para ejercer las potestades consagradas en la ley, entre las que se encuentran el ejercicio de los poderes correccionales, a fin de asegurar el buen desarrollo y culminación del presente trámite”.
Consulte el documento completo de la decisión.
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