Los líos de la Curaduría Cuarta se agudizan

Ante los rumores que aseveran que todos los trámites radicados en la Curaduría Cuarta serán desistidos de manera caprichosa y arbitraria y que los usuarios perderán los pagos ya realizados, el Director del Departamento Administrativo de Planeación de la ciudad de Medellín, Jorge Pérez Jaramillo y la Curadora Urbana Cuarta en Provisionalidad,  Ángela María Restrepo Uribe, entregan un extenso y detallado informe.

Indican que entre las irregularidades halladas en esta Curaduría están: expedientes con los tiempos vencidos para aportar el lleno de la documentación, planos y estudios sin firma del profesional responsable, proyectos en los que no se hacía exigible la valla informativa (para el conocimiento de la comunidad), expedientes que no presentaban un orden lógico y hasta casos en los que el Formulario Único Nacional no se diligenciaba completamente.

El informe también indica que las irregularidades no solo son en a proyectos de vivienda de interés prioritario, como se encontró en un principio, sino a proyectos de  toda índole propios de procesos de licenciamiento urbanístico que se adelantaban en esta Curaduría.

La situación más anómala que hallaron, fue en la que un usuario ha reclamado su licencia, aduciendo no sólo haber realizado todos los pagos de expensas e impuestos, sino también haber pagado a la Curaduría, servicios por la elaboración de los planos a un profesional adscrito a esa Curaduría, quien también era el encargado de resolver la solicitud, siendo así “juez y parte” en el análisis para la aprobación de los mismos, según la información que arroja el sistema.

Por lo anterior, esta Curaduría implementó un plan de contingencia, para cuya aplicación es necesario volver a revisar todos y cada uno de los cerca de 1200 expedientes en curso recibidos de la anterior curadora.

A la fecha, revisaron desde el punto de vista arquitectónico, jurídico y estructural aproximadamente 500 expedientes, evidenciándose una significativa transgresión al procedimiento establecido en el Decreto 1469  de 2010, para la expedición de licencias urbanísticas y de actos de reconocimiento que van en perjuicio del usuario, generando un recaudo anticipado, de aproximadamente 300 millones de pesos.