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Más de 2 mil quejas motivaron a inspector a cerrar planta de aguas residuales en Bello

La decisión tomada por el inspector primero de policía del municipio podría causar un gran impacto ambiental en el río Medellín, según dijo Empresas Públicas de Medellín.

La decisión tomada por el inspector primero de policía del municipio podría causar un gran impacto ambiental en el río Medellín, según dijo Empresas Públicas de Medellín.

De un lado está la comunidad, que hasta hoy ha instaurado más de 2.000 quejas por el aumento de olores provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales. Este habría sido el motivo por el cual se tomó esta medida preventiva.

Por el otro está Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ha señalado que está enfrentando esta problemática y que el día de hoy cumple con 21 de 36 acciones planteadas dentro de un plan de manejo de olores.

Además, que preocupa que en el caso de que se llegue a cerrar esta planta, se puedan generar peores impactos.

"Lo que hoy estamos protegiendo es primariamente el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la intimidad personal. Hay personas que llevan más de 50 días encerradas y además tienen que aguantarse estos olores fétidos. Hemos tomado la decisión en derecho, no es una decisión anti técnica, hemos tomado una decisión basado en las normas y quiero darle un parte de tranquilidad a la comunidad. Antes del 2019, cuando esta planta entró en operación, no había absolutamente ningún tipo de olor, ahora que se va a suspender la operación no va a haber tampoco ningún tipo de olor”, dijo el inspector, Juan Sebastián Mora.

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Ante de la decisión EPM se pronunció por medio de Daniel Arango Ángel, el presidente ejecutivo de negocios.

“Las consecuencias en cuanto a temas ambientales y sociales para la comunidad pueden ser bastante negativas porque en la planta se encuentran almacenados más de 120 millones de litros de metros cúbicos de agua y lodo que, de cerrarse la planta, entrarían en un proceso de descomposición; eso generaría muchísimos más malos olores para la comunidad”, manifestó Arango.

Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría de Bello señalaron que, al momento de hacerse el procedimiento, el inspector no avisó a otras autoridades competentes, por lo que esto podría constituir una violación de derechos a la entidad prestadora del servicio por vía de hecho.

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