El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió este jueves al secuestro de tres funcionarios de la Fiscalía de Tarazá,Antioquia, hechos que fueron denunciados por el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.
Debido a este hecho, Barbosa anunció el cierre temporal de la oficina de la Fiscalía en ese municipio. Además, cuestionó a la fuerza pública, pues según la versión de los funcionarios que fueron secuestrados pasaron por tres retenes de las autoridades y no ocurrió nada.
Sin embargo, dijo el ministro que en el momento de los hechos no había ningún retén militar en las vías, lo que contradice, según él, al jefe del ente investigador. Velásquez también se refirió a la decisión de cerrar la oficina de la Fiscalía.
"Me parece una decisión apresurada del fiscal general cerrar la Fiscalía de Tarazá cuando no ha pedido ni siquiera, ni lo hizo, de manera inmediata, a las fuerzas armadas la seguridad para que se mantuviera la Fiscalía en ese municipio, me parece que era la manera más adecuada", manifestó Iván Velásquez, ministro de Defensa.
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Los hechos
El pasado lunes, el fiscal Francisco Barbosa anunció el cierre temporal de la sede de la Fiscalía en el municipio de Tarazá por el secuestro del que fueron víctimas tres fiscales y una funcionaria de un juzgado.
“Quiero rechazar enfáticamente los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero cuando 12 hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá, en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia”, indicó.
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De acuerdo con Barbosa, detrás del secuestro se encuentra alias ‘Gonzalito’, cabecilla del Clan del Golfo en esa zona del departamento y uno de los 16 criminales sobre los que el Gobierno había pedido se levantara orden de captura.
“Después de escuchar a las víctimas, se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias ‘Gonzalito’, máximo cabecilla del Clan del Golfo en esa zona, quien tiene orden de captura de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura que pidió el Gobierno fueran levantadas ”, dijo el funcionario.
Según Barbosa, “los fiscales aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y orden público de esa zona”.
Esto también originó cuestionamientos por parte del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
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“Lo que hay que revisar no es la presencia sino la acción, ¿por qué no se está produciendo la acción frente a esos hechos?”, anotó el mandatario.
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