Además, el ministerio público pidió revocar la decisión.
La procuradora delegada para la investigación y juzgamiento penal Martha Luz Reyes asegura en su escrito que la Fiscalía no demostró suficientemente la necesidad de imponer la medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria.
En opinión de la Procuraduría General de la Nación, el ente acusador no satisfizo con el rigor requerido dichas exigencias, como quiera que no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o porque podría comprometer la conservación de la prueba.
La funcionaria aseguró en su control de legalidad que no se cumplieron las exigencias constitucionales para tomar esa decisión.
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Tampoco, asegura, adujo las razones a partir de las cuales llegó a concluir que el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad, y en especial para las “víctimas”.
Por estas razones, las Procuraduría pide la libertad de Aníbal Gaviria.
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"Se solicita la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta al doctor Aníbal Gaviria Correa sobre la consideración fundamental de que dicha medida se advierte innecesaria a la luz de las exigencias de carácter constitucional reclamadas para su imposición”, dice el documento.
La Procuraduría recuerda que una medida de aseguramiento debe garantizar que no se sacrifique de manera excesiva el derecho a la libertad del procesado.
Aníbal Gaviria fue detenido el 5 de junio por presuntas irregularidades en contratos para la obra de la Troncal de la Paz, documentos suscritos en su primer periodo en la gobernación de Antioquia.
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