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“Queremos terminar Hidroituango en los próximos 15 meses”: Daniel Quintero

Habló sobre la imputación de 28 personas, entre ellas Sergio Fajardo, por presunto detrimento patrimonial en el proyecto. “Lo importante es que se sepa la verdad", dijo.

Luego de la imputación de cargos emitida por la Contraloría General de la República a 28 personas naturales y jurídicas por las fallas que ha tenido Hidroituango, se pronunciaron el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; este último es uno de los vinculados a la investigación fiscal.

La emergencia en 2018 que develó las fallas en el proyecto hidroeléctrico también encendió las alarmas de la Contraloría por las posibles responsabilidades fiscales tras los sobrecostos que estarían cercanos a los cuatro billones de pesos.

Dos años después, se conoció un listado de imputados, que de nuevo ponen los ojos del país en este proyecto, entre ellos los del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Lo importante es que las investigaciones avancen y se sepa la verdad y que finalmente se recupere esa plata, es que esos recursos son los recursos de la educación, de la salud, del progreso de Medellín, Antioquia y Colombia”, indicó.

El mandatario desmintió rumores y aseguró que seguirán trabajando para poner en funcionamiento el proyecto hidroeléctrico.

“Tenemos planes A, B, C, D, F, en caso de que algo llegue a pasar, hemos estado juiciosos con el tema financiero. Queremos terminar en los próximos 15 meses Hidroituango, es nuestra misión”, manifestó.

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Por su parte el gobernador Aníbal Gaviria, uno de los imputados, señaló a través de un comunicado que es respetuoso de las instituciones y defendió el proceso de construcción del proyecto.

“También tengo la convicción de que todas estas personas, instituciones y empresas han actuado basados en estudios, con criterios científicos y técnicos, y que la gravísima contingencia que afronta el proyecto fue producto de una situación que no tuvo origen ni en dolo o mala intención de alguno de los actores” señaló.

El ente de control determinó que las acciones u omisiones que presuntamente generaron el daño patrimonial, se originaron entre 2008 y 2015, siendo a su vez una cadena de errores desde su planeación, diseño, ejecución y control.

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