Al despacho del Juzgado 12 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá llegó una insólita tutela en la que una mujer identificada como Daisy Milena Gómez Otálvaro, quien aseguró ser abogada, reclamaba la protección de sus derechos a la vida, el debido proceso y la libertad religiosa, entre otros.
La mujer en cuestión, se lee en el documento conocido por Noticias Caracol, señaló que aunque “se tiene la creencia por la comunidad que el denominado cartel de Medellín se extinguió con la muerte de su promotor Pablo Emilio Escobar Gaviria en diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993) a manos de las autoridades de policía de Colombia con la cooperación del gobierno de los Estados Unidos de América, no se ha hecho una investigación profunda sobre quiénes son los verdaderos creadores de dicha organización criminal”.
Y aseguró: “el cartel de Medellín fue creado por otra organización ‘Clero Ruso Ortodoxo’ que perpetúa el Imperio Romano – Crocir, mismo que está compuesta por ciudadanos de origen árabe, pero que tienen varias nacionalidades”. Como ejemplo citó a dos importantes empresarios colombianos.
Para que las autoridades judiciales determinaran la veracidad, no solo de estos hechos sino de que sus derechos fundamentales eran violados, la mujer pidió que se hiciera una exhaustiva inspección a los cerros de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.
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¿Para qué? “Con el fin de verificar que Manizales está justamente en su parte posterior, así como las obras carreteables que existen, también la inspección a las logias masonas existentes en Bogotá y en Manizales para identificar el microchip con el que cuentan sus principales integrantes y que les permiten el manejo de la economía”, argumentó, pues según ella, ese dispositivo les ha permitido controlar a la alcaldesa mayor de la capital, Claudia López.
Pero su solicitud iba más allá. Gómez Otálvaro también pidió “inspecciones en diferentes establecimientos de la localidad de Santa Fe en los cuales se ejerce la actividad de prostitución y en los que se encuentran las principales “Diosas” de la masonería”.
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La demanda fue declarada como improcedente por el despacho, sin embargo, no era la primera vez que la supuesta abogada interponía este recurso.
Dicha decisión del 12 de agosto era la segunda instancia de una tutela interpuesta en junio en los despachos judiciales, en la que también se declaró la improcedencia, cuya supuesta abogada impugnó.
De la insólita tutela fueron notificadas tanto la Alcaldía de Bogotá, como la de Manizales.
La primera alegó que la demanda constitucional presentada no fundamenta unos hechos claros y respaldados probatoriamente, de los que se pueda establecer la lesión a los derechos fundamentales. Y la segunda ni siquiera ejerció su derecho a la defensa.
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La decisión tomada por el Juzgado 12 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá no tiene posibilidad de recurso alguno, lo que entierra la posibilidad de la mujer de demostrar, jurídicamente mediante una tutela, que el “Clero Ruso Ortodoxo” creó el cartel de Medellín.
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