La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) pidió que el magistrado Ariel Torres, ponente de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por parapolítica, se aparte del caso.
Para la magistrada Julia Emma Garzón, hubo una clara vulneración al debido proceso porque no se tomaron las medidas para evitar que apartes del proyecto de fallo del magistrado Ariel Torres se conocieran.
"Resulta evidente la vulneración al debido proceso por parte del magistrado de la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS, frente al proceso (...) pues claramente se filtró la información y la ponencia por él presentada frente al caso del actor, siendo éste el guardián del expediente, el cual al ser el de una persona con cierto reconocimiento público debió ser custodiado por el funcionario público con suma diligencia (sic)", argumentó.
El contenido del documento fue revelado por Noticias Uno en julio de 2020, por eso, Ramos presentó una tutela argumentando vulneración a sus derechos.
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En el fallo, el CSJ ordena, en un término de 48 horas, retirar del caso al magistrado y que se elabore una nueva ponencia.
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El pasado 27 de agosto, la Corte Constitucional había ordenado que esta sala disciplinaria desapareciera para darle paso a la Comisión de Disciplina Judicial. También, pidió el retiro de la magistrada Julia Emma Garzón porque lleva más de ocho años en su cargo, sin embargo esto no se ha hecho.
“Una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia de unificación, que dice que si se filtra la información de un proyecto de decisión se tiene que garantizar el derecho a la igualdad y establecer un nuevo procedimiento, una nueva decisión, que vuelva a proyectarla con las mismas garantías que se da a las demás personas sin que se filtre a la opinión pública”, explicó Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista.
Otros aseguran que una magistrada que ya terminó su periodo constitucional no podía tomar tal decisión.
“El más grande de los absurdos es que sea una magistrada que se amañó en el cargo (que se le venció hace rato, que va para el segundo periodo, cuando la Constitución dice que no pueden ser sino ocho ocho años, que es la que hay que quitar porque está ejerciendo ilegítimamente su cargo), la que sea la ponente en esto”, expuso Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
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Queda por definir cuál magistrado de la Corte Suprema queda con el caso de Luis Alfredo Ramos.
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