Caso del magistrado Carlos Alberto Vargas: se habrían ofrecido $3.000 millones por agilizar fallo

Fiscalía reveló audios que probarían cómo se movía dinero para corromper la justicia. Se busca determinar si las presuntas coimas llegaron al Consejo de Estado.

En toda una novela se convirtió el caso del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas, quien emitió un fallo en contra del Acueducto de Bogotá, al parecer a cambio de una millonaria suma de dinero.

El acueducto fue condenado a pagar una cuantiosa indemnización a Jorge Cortés por abstenerse de comprar una propiedad, que supuestamente le pertenece a este último en el humedal Jaboque.

En una diligencia judicial, este viernes, la Fiscalía reveló que se habría intentado negociar la suma de $3.000 millones para agilizar en el Consejo de Estado la apelación del fallo que condenó al Acueducto de Bogotá a pagar $65.000 millones.

"Hay elementos a partir de los cuales se puede inferir que incluso se buscaba que, en las instancias superiores, en este caso en el Consejo de Estado, se adoptaran las decisiones que convenían a las personas para las cuales se les estaba vendiendo los servicios", advirtió el fiscal del caso.

Uno de los elementos probatorios del ente investigador es una interceptación en la que se escucha hablar a Jorge Cortés con un hombre llamado Fernando.

Hombre 1: Temas varios: uno, el amigo con el que hablamos

Hombre 1: Ya descubrí por qué no sale el fallo

Hombre 2: Ajá

Hombre 1: Hubo una petición de 3.000

Hombre 2: (Risas)

Hombre 1: Y esa es la razón

Hombre 2: Mañana miércoles hay cita con...

Hombre 1: Usted me le puede decir, esa es la razón por la que no nos sale

En el marco de esta investigación, la Fiscalía también logró la captura de la abogada Kelly Andrea Eslava, quien representaba al demandante Jorge Cortés, y Aldemaro Vargas, supuesto testaferro del magistrado Carlos Alberto Vargas.

"Ustedes, Eslava y González, junto con el magistrado Vargas, desde al menos junio de 2012 hasta mayo de 2017, se concertaron para cometer delitos contra la administración pública, específicamente orientados a manipular los procesos que cursaban en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el despacho del magistrado. A cambio de sumas de dinero, garantizar el éxito de los demandantes", señaló el fiscal del caso.

Con este contexto, el ente investigador compulsará copias a la comisión de acusación para que indague si hay magistrados de ese alto tribunal comprometidos en estos hechos.

A través de un comunicado, el Consejo de Estado rechazó “de manera enérgica y absoluta la versión que intenta poner en tela de juicio el nombre y la reputación del Consejo de Estado y de sus servidores. Solicita a los entes competentes que de manera inmediata realicen las investigaciones a que haya lugar y declara estar a entera disposición de las autoridades, para que realicen prontamente las investigaciones que se requieran y las lleven hasta las últimas consecuencias, porque así se podrá demostrar que la transparencia e imparcialidad que nos han caracterizado en 202 años de vida institucional sigue siendo el principio y el fin de toda nuestra labor”.