La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de aumentar a 5 años y dos meses la condena contra Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, ha generado diversas reacciones. Para algunos, la pena es desproporcionada, para otros se trata de una condena que se ajusta a los hechos.
Tal ha sido la controversia en redes sociales, que, incluso, muchos han señalado que esta condena a 63 meses y 15 días es desproporcionada, a tal punto de compararla con penas similares, pero por graves casos de corrupción como la impuesta a Alejandro Lyons o el caso Odebrecht.
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Para expertos juristas, la decisión de segunda instancia de este alto tribunal sí es desproporcionada y tendría varios errores jurídicos.
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“En este último delito, instigación a delinquir con fines terroristas, no observo que exista soporte en los hechos que la misma Fiscalía configura y sobre los cuales se inicia el proceso penal en contra de Epa Colombia. Ese elemento subjetivo o fin de terrorismo al instigar no se configura por el solo hecho de cometer actos vandálicos o dañar bienes y grabarse en el acto”, explicó Helena Hernández, juez penal y docente.
Sin embargo, para el exfiscal Guillermo Mendoza Diago se trata de una condena ajustada a los hechos.
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“Era un delito que venía imputado desde la acusación y con eso se podía incrementar la pena como lo hizo el tribunal y nenar los beneficios correspondientes. Hay que tener en cuenta también que los delitos atribuidos tienen penas bastante elevadas”, indicó Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general.
Tras la decisión, lo joven solo se pronunció en redes:
“Desde muy pequeña he sido fuerte, amiga, y tú me das más fuerza. Es un momento muy duro de mi vida, pero siento todo el cariño que todas me dan. Ya van a ver cuando salga de los sótanos del infierno, amigas”.
La decisión también causó el pronunciamiento del fiscal general y del contralor de la república para quienes la justicia debe respetarse.
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“Me alegro profundamente con esa sentencia. Yo creo que es una sentencia por una razón: porque la Fiscalía pidió la condena, porque nosotros en esto cumplimos una función, nosotros somos los actores principales de estos procesos”, expresó el fiscal Francisco Barbosa.
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“A mí sí me preocupa que nosotros tengamos un país que esté sufriendo de bipolaridad, porque si nosotros damos resultados es malo y si no lo hacemos también es malo, por eso aquí tenemos que ser sensatos”, manifestó el contralor Carlos Felipe Córdoba.
Por ahora, no se ha emitido una orden de captura contra la influencer. Sin embargo, en la decisión del tribunal se deja claro que esta condena deberá pagarse en cárcel.
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