En 2013, la ETB iba a construir dos edificios en el centro-occidente de Bogotá para montar el Data Center Alma, un sofisticado sistema para que sus miles de clientes pudieran almacenar datos con equipos de última generación.
Era un negocio estratégico con el que la ETB quería innovar en Latinoamérica, pero empezó mal y terminó peor. La primera perla fueron los diseños de la obra civil.
“Diseños que se hicieron con normas de Costa Rica, que fue uno de los primeros reproches que se realizaron, porque, con estos estudios, obviamente la Curaduría no dio los permisos correspondientes para poder realizar la obra civil”, dijo Andrés Castro, contralor de Bogotá.
Empezaron a construirse los dos edificios y al contratista, Aceco, al parecer le pareció fácil saltarse otro requisito.
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“Se inició la obra sin tener licencia y, después de que sale la licencia, el contratista abandona la obra y no se continúa con su realización, lo cual ya paraliza todo el proyecto”, afirmó Castro.
De los 31 mil millones de pesos del contrato se le alcanzaron a pagar 5.787 millones al constructor.
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De forma increíble, nadie se dio ni por enterado de lo que sucedía con la obra y a la ETB le pareció fácil contratar a la compañía Compufácil para que suministrara los equipos.
De los 27 mil millones de pesos del contrato, se le giraron finalmente al contratista 8.290 millones.
No obstante, como la edificación quedó en obra gris no hubo más remedio que descargar los equipos en el lugar.
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“Estas pólizas se dejaron prescribir y, cuando la empresa fue a reclamarle a la compañía, esta le contestó que ya estaba por fuera del término y por lo tanto no entraban a responder”, anotó el contralor.
Frente a semejante descalabro, la empresa solo se pronunció a través de un comunicado.
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“La actual administración de la ETB conoció de la situación de este litigio que data de 2016 y adelanta acciones en aras de mitigar el impacto y recuperar el patrimonio público”, dijo la compañía en el documento.
Un total de 17 mil millones de pesos se giraron para la obra, pero prácticamente quedaron enterrados en el sitio donde iba a funcionar uno de los centros de almacenamiento de datos (data center) más modernos de Latinoamérica.
Con ese dinero, por ejemplo, se habría podido comprar entre 70 y 80 ventiladores mecánicos para atender a pacientes de COVID-19 que hoy ruegan angustiosamente por una unidad de cuidados intensivos. La corrupción también mata.
Y como si fuera poco hay otra preocupación. En la zona se encuentra un tanque subterráneo con ACPM, lo cual constituye un inmenso riesgo.
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En este momento, hay que esperar que se resuelvan dos controversias en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que podría tardar por lo menos diez años.
Por ahora, queda una construcción mal hecha, que se cree hay que demoler, estaciones de energía, aires acondicionados y redes de conexión inutilizadas y un lote donde se pudo haber construido, por ejemplo, hasta un megahospital.
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De lo que quedó del ambicioso Data Center Alma, realmente le parte a uno el alma.
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