Después de un fuerte regaño y una enérgica reflexión, una juez de garantías envió a la cárcel a diez supuestos jóvenes de la llamada primera línea y señalados de ser responsables de actos vandálicos en Bogotá.
“El proceder descrito en las diligencias contribuye a deslegitimar las justas demandas sociales y sirve de excusa para que el grupo dominante o el gobierno de turno acuse a la movilización social de estar infiltrada por la guerrilla y el no tener objetivos legítimos”, señaló la funcionaria.
Añadió que quienes siempre han marchado lo han hecho ceñidos a la ley y no como desadaptados generando caos.
Los que allá afuera marcharon soportan estoicamente las inclemencias climáticas. No lo hacen por ellos mismos, sino por sus hijos, por los míos, los de ustedes cuando los tengan; por las futuras generaciones, por mí, por ustedes y por todos los habitantes de este país. No son desocupados, desadaptados generando caos y desorden, o dando rienda suelta a sus pulsiones antisociales
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El regaño fue más allá. Les dijo que los miembros de la fuerza pública no son el Estado, “sino hijos, hermanos, padres de alguien más. Seres humanos (…) somos una sociedad inviable porque pretendemos arreglar los problemas apelando a la violencia y al delito. No se apaga el fuego con el fuego. Los presuntos delitos de las fuerzas del orden, algunos de los cuales aquí se ventilaron, no se mitigan y no se corrigen incrementando la zozobra de sus congéneres”.
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La juez de control de garantías los envió a la cárcel de mujeres de El Buen Pastor y la cárcel Nacional Modelo, en Bogotá.
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