Del impuesto predial que pagan los bogotanos se contrató a un consorcio por casi 1.5 billones de pesos con el fin de la optimizar una planta para descontaminar el río Bogotá, la cual hoy en día no funciona en las mejores condiciones. Además, lo está operando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con problemas, déficits y sobrecostos.
Cristina Arango, gerente de la EAAB, explica la situación: “Queremos que se nos entregue una planta de tratamiento operable y con los equipos funcionando adecuadamente, adicional que se nos entreguen los planes y la forma de operar la planta y el plan de mantenimiento. Hoy en día la planta no está terminada y, sin embargo, estamos operando”.
Por orden judicial, la empresa de acueducto tuvo que empezar a operar desde finales de 2021. Este es un contrato entre la CAR y el consorcio CEPS, por casi 1.5 billones de pesos.
Susana Muhamad, ministra de Ambiente designada por Gustavo Petro, advirtió que “sorpresivamente la magistrada Nelly Villamizar obliga a la CAR a pagarle al contratista los saldos que quedan por una planta que hoy no está en funcionamiento”.
La gerente de la empresa de acueducto señala que sí está funcionando, pero “de manera deficiente”, pues existen equipos que no sirven o sirven de manera deficiente.
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Advirtió que la EAAB está asumiendo gastos de empleados, mantenimiento, operación, entre otros.
Según Cristina Arango, se calcula que la CAR tendría que pagarle 180 mil millones al consorcio a pesar de las denuncias previamente expuestas. Por otra parte, el contrato finaliza en septiembre de este año y se teme que termine sin que respondan por lo acordado.
“Lo que recibamos hoy determinará la operación de aquí a 30 o 35 años”, advirtió la funcionaria.
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Si se generan sobrecostos en medio del proyecto se teme que deban ser los bogotanos quienes, a través de su factura, asuman dicho pago.
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