Este lunes se adelantó la audiencia de imputación de cargos contra los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla y su sobrino el exconcejal Felipe Ríos Londoño por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato relacionado con Transmilenio.
El caso ha generado gran revuelo en las últimas semanas dado que la fiscal Angélica María Monsalve sería trasladada al departamento de Putumayo, según ella mismadenunció ante la unidad investigativa de Noticias Caracol.
“Esto es un acto de retaliación, este acto administrativo grosero, grotesco, indignante, no se les ocurrió otro lugar que Putumayo a una fiscal que tiene arraigo aquí en Bogotá. Ese es un despido indirecto”, manifestó Monsalve.
El caso tiene que ver con un contrato adjudicado a la firma Recaudo Bogotá para la recolección de pasajes y control de los buses de Transmilenio y SITP, que estaba controlado por los empresarios Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Velilla, tíos del entonces concejal Felipe Ríos Lodoño.
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“Se corroboró que los verdaderos controlantes de Recaudo Bogotá son ustedes, Carlos y Javier Ríos Velilla, por medio de los contratos entre las sociedades Datatools S.A. y LTDM Consultores con Recaudo Bogotá, empresas sobre las cuales ustedes tienen el 100% de las acciones y son estas las que operan directamente en el contrato de concesión desde el año 2011”, indicó Monsalve.
Contrato que se adjudicó mientras Felipe Ríos Londoño se desempeñaba como concejal de Bogotá.
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“Revisadas las actas de las sesiones plenarias del Concejo de Bogotá, así como las actas de las comisiones desde el año 2008 al 2011, se evidencia que usted no manifestó ningún conflicto de intereses ante el Concejo de Bogotá respecto al sistema de transporte y mucho menos advirtió ninguna inhabilidad o incompatibilidad respecto al tema del transporte masivo para Bogotá”, agregó la fiscal.
Días antes de iniciar esta audiencia, el abogado del exconcejal recusó a la fiscal argumentando que la funcionaria se había pronunciado sobre el caso en medios de comunicación.
Sin embargo, la Fiscalía negó tal petición argumentando que tales afirmaciones no son suficientes para declararla impedida en este caso. Los tres implicados en el caso se declararon inocentes y no aceptaron cargos.
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