Ánderson tiene 23 años y ya lleva un año en Bogotá. Llegó procedente de Guarenas, Venezuela, y emigró con la ilusión de muchos: buscar un empleo que le permitiera sacar adelante a su pequeña de 3 años y a su esposa que en su país se desempeñaba como cajera de un supermercado.
Arribar a la capital colombiana fue, en sus propias palabras, un sueño cumplido, pero su nueva realidad resultó tan dura como su travesía. Su vida ha transcurrido entre el paga diario donde pasa las noches con su familia en el sector de Patio Bonito, en Kennedy, sur de Bogotá, y los miles de pedalazos que debe dar a diario para cumplir con los domicilios, pues aunque no es considerado un trabajador formal es uno de los miles de domiciliarios que se gana la vida en la ya conocida "guerra de las plataformas".
Durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre las aplicaciones tecnológicas y el espacio público, se estimó que en Colombia hay al menos 40 mil domiciliarios de aplicaciones móviles, de los cuales 25 mil están en la ciudad de Bogotá, y de estos el 57% de los trabajadores de aplicaciones en la ciudad son migrantes. Según el concejal Carlos Carrillo, nada más y nada menos que "empleos de hambre".
El problema de fondo para quienes trabajan en estas plataformas es que están inmersos en la informalidad y para algunos incluso en la explotación, ya que no existe vínculo contractual y, en consecuencia, falta de salarios, seguridad social, aportes a pensión, riesgos laborales, es decir, hacen parte de una economía denominada colaborativa en donde el que no trabaja, no come.
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El fenómeno se palpa a simple vista en las calles. Repartidores en bicicletas o motos, excediendo los límites de velocidad, zigzaguean entre los carros, invaden los andenes, ciclorrutas, no utilizan elementos de protección. Todo por cumplir con unos tiempos de entrega mientras las empresas no asumen responsabilidades.
Las plataformas digitales participan en el 0,23% del PIB, aproximadamente 2 billones de pesos, según la concejal Lucía Bastidas. AlianzaIN, una asociación de plataformas colombianas, por su parte, indicó que el 69% de los domiciliarios manifestó estar satisfecho con su trabajo y que su ingreso promedio es de $867.000 mensuales por 35 horas de trabajo semanal.
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En Bogotá, el Decreto 082 de 2021 expedido por la alcaldesa Claudia López pretende fortalecer la seguridad y garantizar el uso del espacio público en el marco de los denominados domiciliarios y en consecuencia dictó algunos lineamientos:
- Prohibición del parrillero para esta actividad.
- Zonas de descanso e higiene y parqueo de bicicletas.
- Identificación del personal.
- El aporte de las empresas en materia de sensibilización para que se respeten las normas, el espacio, las señales de tránsito y hasta se reduzca la velocidad.
¿Qué tanto se ha cumplido?
Para expertos y los mismos trabajadores, la respuesta es poco o nada. "Somos conscientes de no tener un lugar adecuado para trabajar, vivimos un maltrato y rechazo de la ciudad, las empresas se benefician de las ganancias sin aportar nada", sostuvo Luz Marina Fique, rappitendera y vocera del gremio en el marco del debate en el cabildo distrital.
A este panorama se suma otro quizás peor: la inseguridad y el hecho de que esta forma de trabajo sea utilizada por algunos para cometer atracos y actos que abiertamente estigmatizan a la gran mayoría que ve en esta opción laboral una oportunidad. El tema no es menor. Lo cierto es que se trata de un oficio que se ha convertido en solución al desempleo y es así como el Gobierno, el Distrito y el Congreso deberán estudiar soluciones de formalización y bienestar.
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