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¡No nos olviden! Víctimas del atentado al Centro Andino reclaman justicia tres años después

Afirman que se siguen ocultando pruebas y piden celeridad en los procesos. Casi la mitad de los capturados está en libertad por vencimiento de términos.

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Tres víctimas mortales y más de diez heridos dejó este hecho atribuido a una célula del ELN. Familiares de las mujeres que perdieron la vida y los sobrevivientes solicitan al Estado que no los olvide.

Fue justamente el 17 de junio de 2017 cuando una bomba instalada en el baño de mujeres del segundo piso explotó. Más de diez personas estaban en ese lugar; tres de ellas perdieron la vida: Ana María Gutiérrez, de 41 años; Julie Huynh, de 23 y nacionalidad francesa, y Lady Paola Jaime, de 31.

Sus familiares las recuerdan con una pieza audiovisual que tiene un claro mensaje: ¡No nos olviden!

Y es que las víctimas dicen que ha sido un proceso largo y doloroso, que los llevó incluso a interponer una tutela para que los reconocieran como víctimas de este hecho terrorista.

"Ya hoy están reconocidos, pero eso no ha significado ningún cambio en su vida. No hay ayuda psicológica, no hay ayudas médicas, no hay un acompañamiento, un monumento, una pedida de disculpas”, dice Francisco Bernate, representante de las víctimas.

A estas alturas hay dos procesos penales abiertos: uno, donde se investiga la participación de once personas en este atentado, y otro, donde se indaga el supuesto nexo de estas mismas con el MRP, una célula del ELN.

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No obstante, casi la mitad de los capturados por el atentado están en libertad por vencimiento de términos.

"Es injustificable que el Estado pretenda encontrar culpables sin encontrar una debida investigación y pretenda lanzar mensajes a la sociedad a través de chivos expiatorios. Al día de hoy, se siguen ocultando pruebas, la defensa no ha obtenido todas las pruebas, incluso se han eliminado, se ha destruido el video que da cuenta de las personas que entraron a ese baño”, asegura Andrés Felipe Caballero, abogado defensor.

Frente a este panorama, las víctimas insisten en que el Estado debe garantizarles que habrá justicia.

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