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Polémica por respuesta del general Penilla: “no necesitamos que nos ordenen que usemos las armas”

El excomandante de la Policía de Bogotá habló así luego de cuestionamientos por los excesos de la fuerza pública durante los disturbios.

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Una pregunta que se mantiene luego de los disturbios en Bogotá tras el homicidio de Javier Ordóñez a manos de varios policías es quién dio la orden de disparary, en ese sentido, quién manda en la Policía de la capital.

Para el general Hoover Penilla, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados no necesitan autorización para usar armas, en determinados momentos.

“Por Dios, los policías no necesitamos que alguien nos ordene que usemos las armas o elementos del servicios. Nsotros analizamos las circunstancias y, de acuerdo a ello, actuamos y respondemos individualmente; para eso estamos, para el escrutinio del ciudadano”, responde Penilla.

Sin embargo, desde la Alcaldía se mantienen en que hubo una especie de ruptura de mando, porque se desobedeció una instrucción impartida: la de no disparar.

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“Hubo posiblemente, y esto se debe investigar, una ruptura en la cadena de mando porque ninguna autoridad civil, ni el señor presidente (Iván Duque), que estaba en el PMU, ni la alcaldesa (Claudia López), tomaron ninguna decisión ni dieron ninguna instrucción de utilizar armas de fuego”, dijo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Varios especialistas analizaron la situación.

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Uno de ellos es Jhon Marulanda, experto en seguridad, quien dice que aunque la alcaldesa es la primera autoridad responsable del orden público, y la Policía está bajo su dirección político administrativa, la responsabilidad funcional y operativa está en cabeza de los mandos policiales.

“Es imposible estar solicitando autorizaciones para que los efectivos actúen en caso de flagrancia o de prevención de cualquier delito, lo que hay que revisar son los protocolos preestablecidos y el entrenamiento que se da a esta gente para este tipo de actuación”, opina Marulanda.

Por su parte, Iván Díaz, experto en seguridad nacional, va más allá y asegura que la postura de la alcaldesa de asumir que son los alcaldes, gobernadores o el mismo presidente quienes deciden cómo, cuándo y por qué los policías deben ejecutar su labor de defensa y protección es literalmente un suicidio.

“Sería ella la que tendría que responderles a los colombianos por los 148 policías heridos en estas manifestaciones, porque si alguno sale a asumir que no hizo uso de las armas por que había recibido una orden de la alcaldesa, ella entraría en un concepto muy importante que se estructura en la cadena de mando, que es el del concepto de la omisión”, explica.

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Coinciden en que las acciones de la autoridad están abiertos a la revisión de organismos nacionales e internacionales, como también a protocolos de actuación.

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