El Ministerio Público afirmó que, pese a cumplir con las normas, se pudo haber hecho un esfuerzo adicional y más estudios.
“Pudo haber sido más rigurosa en la estructuración del proceso de selección y en las etapas previas a la contractual, exigiendo como requisitos técnicos mínimos tecnología Euro 5, lo que habría llevado a que los proveedores de la flota respondieran a las condiciones de la administración”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
Recalcó que no se evidenciaron grandes esfuerzos en cuanto a las actividades técnicas, jurídicas y financieras.
“El proceso contractual se surtió bajo la presión de que a los vehículos se les ha prolongado la vida útil a niveles de alto riesgo operacional y con altas dificultades para atender la demanda de transporte en la capital”, añadió.
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Desde que la Alcaldía de Bogotá adjudicó una nueva flota de Transmilenio, 60% diésel y 40% gas, no ha parado la polémica.
Finalmente, la Procuraduría estimó que Transmilenio “tampoco adelantó un estudio detallado que permitiera comparar la eficiencia de los motores diésel y eléctrico, para establecer si estos últimos podrían cubrir las exigencias de transporte de la ciudad y así garantizar que el sistema no siguiera afectando la calidad del aire”.
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Con la licitación fueron adjudicados 1.129 buses nuevos que llegarán a Bogotá en el segundo semestre de 2019.
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