La investigación que permitió esclarecer el crimen de la pequeña Lynda Michelle Amaya en el barrio San Bernardo en Bogotádejó al descubierto una peligrosa organización criminal que había sembrado el terror en la zona en medio de un negocio de microtráfico de drogas.
En la audiencia el fiscal reveló detalles del caso y les imputó cargos a los seis detenidos. Cinco de ellos aceptaron haber participado en el crimen y el tráfico de estupefacientes.
Según la Fiscalía, el crimen ocurrió en el interior de una vivienda donde sus propietarios tenían un trapo rojo para pedir ayuda del gobierno por la crisis de la pandemia del COVID-19.
Ahí, el jefe de la red criminal dedicada al microtráfico habría dado la orden de golpear a la menor Lynda Michelle Amaya.
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“Una vez los ciudadanos Chepe, Andrés, Rafael, el Veneco y Tito terminaron de darle su golpiza a esta niña, es decir de torturarla,se reían y disfrutaban de lo que hacían. Y como en la olla había otros trabajadores que estaban realizando labores de empacamiento, les decían que eso les pasaba a quienes se las dieran de infiltrados y a quienes se les diera de sapos. Y que quienes trabajan con Tazmania tenían que ser firmes o de lo contrario vieran lo que estaba pasando”, dijo el fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos.
Cinco de los seis detenidos aceptaron los delitos de tortura y homicidio agravado, tráfico de estupefacientes y hurto calificado.
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El supuesto jefe de la banda delincuencial Tazmania, considerada responsable del crimen, tenía casa por cárcel. Fue identificado como Edison Cervera Guarnizo y era conocido con el alias de ‘Pirry’.
“La Fiscalía hace una inferencia razonable de coautoría de las tres personas capturadas, que son los directamente vinculados en el homicidio”, manifestó Yimi Espinoza, el abogado del presunto delincuente conocido como ‘Pirry’.
Según la Fiscalía, la menor había llegado al sector en busca de una persona.
“Esto levantó sospecha y además de eso hizo que se diera la orden de a esta menor de darle una golpiza”, dijo el fiscal.
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Una orden que, según el ente acusador, se dio porque la banda Tazmania no permitía que alguien entrara o saliera sin su autorización de ese sector del San Bernardo.
Ante las pruebas y la aceptación de cargos, un juez de garantías impuso medida de aseguramiento a cinco de los detenidos. Uno de los abogados defensores denunció que varios de sus clientes fueron golpeados en su lugar de reclusión.
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