Solicitan que caso de policías investigados por muerte de civiles el 9S lo asuma justicia militar

Los patrulleros de la Policía Andrés Eduardo Díaz Mercado y Jhon Antonio Gutiérrez están en la mira de la Fiscalía por su presunta participación en los hechos que causaron terror el pasado 9 de septiembre en la capital del país.

Esa noche todo se salió de control tras conocerse la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, en un procedimiento policial en el CAI Villaluz. Trece civiles fallecieron en distintos lugares de Bogotá y Soacha, presuntamente, por balas disparadas por la Policía en medio de los disturbios.

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Las dudas que persisten sobre muerte de civiles en noche de caos tras homicidio de Javier Ordóñez

Fiscalía, Policía y Procuraduría iniciaron las investigaciones que hoy dan los primeros indicios de lo que ocurrió esa noche de horror en Bogotá.

Por esa razón, la Fiscalía llamó a imputación de cargos a los patrulleros Díaz y Gutiérrez por la muerte de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. En diálogo con Noticias Caracol, sus abogados aseguran que lo que ocurrió esa noche se ha querido ocultar a nivel institucional.

“Pues se les manifiesta que antes de llegar a este se quiten sus chaquetas, cubran sus identificaciones y que 'no se boleteen' expresamente porque existen muchas personas grabando el operativo”, señaló María Alejandra Garzón Mora, abogada de las víctimas.

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Una de las partes más relevantes de este expediente, que hasta ahora inicia, es el testimonio de uno de los policías que estuvo esa noche en el Verbenal y que admitió que recibió la orden de quitarse su chaqueta por parte de sus superiores.

Durante las audiencias de este lunes, en donde se les imputaría el delito de homicidio, los abogados de los uniformados aseguraron que la Fiscalía no tenía competencia en el caso y que, por el contrario, debe ser Justicia Penal Militar la que asuma la investigación. Fiscalía, Procuraduría y los representantes de víctimas se opusieron a esta petición.

“Para este delegado del ministerio público aquí se desbordó la función policial, pues esa función policial tiene unos límites respecto a la aplicación del uso de la fuerza y en especial respecto al uso de armas”, manifestó Juan López, representante de la Procuraduría.

Las audiencias continuarán el próximo 21 de enero, para el caso del patrullero Gutiérrez, y el 28 de enero la del patrullero Díaz Mercado.