Vecinos del portal de Américas, en el suroccidente de Bogotá, están inconformes con la decisión de arrancar a liberar a detenidos durante protestas, incluso miembros de la primera línea, los mismos que, según ellos, causaron desmanes y les robaron la tranquilidad a lo largo de meses. Este viernes radicaron ante el Consejo de Estado una demanda que pretende frenar la iniciativa presidencial.
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Quienes viven en esa zona de Bogotá dicen que la tranquilidad se perdió por completo, pues se convirtieron en víctimas de los manifestantes de la primera línea. Por esta razón algunos no entienden cómo aquellos que causaron estos daños volverían a las calles como voceros de paz por decisión del presidente Gustavo Petro.
“No podíamos sacar nuestros niños a los colegios o salir a comprar alimentos, las veces que podíamos salir fuimos amenazados por la primera línea. Todas las personas de la ciudadanía que no estaban de acuerdo con su ideología fuimos amenazados, fuimos vulnerados y nos sentíamos totalmente aterrorizados con lo que nos hacían”, explicó uno de los afectados, que prefirió guardar su identidad.
La posible libertad de más de doscientas detenidos por actos vandálicos durante el paro nacional les causa otra vez miedo y zozobra, además de mucha indignación.
Pilar Rodríguez, habitante de los alrededores del portal de Las Américas, recordó que “me amenazaron, me tomaron fotos de la casa, (decían) que me iban a poner una bomba, me escribieron cosas horribles que ustedes no se imaginan. Vivía días de terror, no solamente yo, también mi familia y ahora saber que van a estar en la calle como ‘gestores de paz’ me angustia, me da mucho terror”.
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Frente a estos anuncios de libertades, el abogado Carlos Flórez presentó una demanda ante el Consejo de Estado, respaldada por varios ciudadanos, para evitar que queden en libertad personas sindicadas de la primera línea. “No se nos puede olvidar que la primera línea es responsable de múltiples delitos y violaciones a los derechos humanos: 3.100 bloqueos que generaron desabastecimiento y afectaron la economía, incluso más que la pandemia del COVID-19. Asesinaron policías, civiles e incluso bebés por culpa de estos bloqueos”, explicó.
Para Flórez, el presidente Gustavo Petro, con esta decisión, está dando un paso equivocado: “Está violando la independencia de poderes, dejando con herida de muerte la independencia en la justicia. Si hoy el presidente decide quién sale hoy de la cárcel, mañana podrá decir también quién entra”.
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El gobierno ha manifestado que la liberación de los detenidos de la primera línea y otros privados de la libertad busca que cumplan labores como voceros de paz y reconciliación, medida que solo incluye a procesados por delitos que no sean graves y que no hayan sido condenados por la justicia colombiana.
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