Alcaldía de Bogotá sobre cubrir rostro en protestas: "no se puede pensar que es para hacer daño"

Luis Ernesto Gómez explicó por qué no pudieron, el Distrito y el Gobierno Nacional, cumplir el plazo fijado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para entregar los protocolos de atención a la protesta social. Reveló en cuánto tiempo entregarán el documento.

Reconoció que trabajaron intensamente durante tres jornadas para cumplir con lo ordenado por la magistrada Nelly Villamizar y que, durante las reuniones, hubo “buen ánimo de construcción y de generar consenso” en lo que la togada definía como “un antagonismo entre la fuerza pública y la ciudadanía”, pero las visiones de ambas partes “todavía están muy distantes”.

Según Gómez, “el Gobierno Nacional presentó un protocolo en el que había tres cosas que nos preocupaban”.

Una era que, “antes que darle más facultades a la autoridad civil para que con su criterio democrático diera una orientación del uso de la fuerza, (el Ejecutivo) daba estas facultades a la comandancia de la Policía de los municipios”.

En otra “prescribía una serie de medidas para los manifestantes, establecía unas reglas de conducta y esto, que es bastante problemático. En caso de querer ser regulado, bajo ninguna circunstancia lo puede hacer una resolución, eso lo debe hacer el Congreso de la República a través de una ley estatutaria que tendría automático de constitucionalidad”, agregó.

Sobre este aspecto, señaló que el Gobierno “pretendía prohibir el uso de pinturas, darles y exigirles a quienes pretenden manifestarse una póliza civil extracontractual y este tipo de cosas lo que hacen es cercenar, restringir el derecho a la protesta y en esto la Corte Constitucional ha sido muy clara en que debe ser garantizado en todo momento”.

“El tercer punto, que es donde se deben centrar los esfuerzos, es que a la hora de aplicar la fuerza, la legítima fuerza del Estado, cuando por ejemplo hay disturbios, hay una problemática de orden público (…) Ahí es donde debe ser muy preciso el protocolo estableciendo cómo es proporcional la fuerza, ante qué circunstancias se debe reaccionar y bajo qué manera”, precisó Gómez.

“Era demasiada vaga la propuesta del Gobierno Nacional, nosotros hicimos varias propuestas y la solicitud a la magistrada es que nos dé un tiempo más amplio para trabajar en ese protocolo”, que sería un plazo de 60 días, expresó el secretario.

El funcionario distrital fue enfático en decir que “nada le hace más daño a la protesta social, que mayoritariamente es pacífica, que las expresiones de violencia al interior”, y eso es lo que están trabajando en los protocolos para aislar y sancionar a los responsables de esos lunares.

Asimismo, recalcó que “no podemos enfrentar la protesta como un problema de orden público, no podemos caer en el error de que toda expresión de protesta es violenta. De hecho, en Bogotá, alrededor del 97% de toda expresión democrática de protesta transcurre de manera pacífica”.

Es por eso que el Distrito ha considerado que “se vuelve problemática la propuesta del Gobierno Nacional de prohibir el uso de pinturas, de capuchas, de una póliza”.

“No puede asemejarse que cualquier persona que cubre su rostro automáticamente va a cometer un acto de violencia, que cualquier persona que lleve pintura para su rostro o para hacer una camparta automáticamente va a dañar una infraestructura pública”, precisó.

Ese punto “es objeto de discusión, no estamos de acuerdo”, agregó Gómez.

Puede ver:

Bogotá

Uso de capuchas, el punto de la discordia de protocolo en el que trabajan Gobierno y Distrito

Y recalcó que la Alcaldía de Claudia López considera que en “el derecho a la protesta no se le pueden prescribir normas de conducta” a los manifestantes.

“En tiempos de paz, para enfrentar situaciones de orden público con sociedad civil, cuando ocurra un delito, un abuso de autoridad, debe acudirse a una instancia civil”, concluyó.