Vecinos del portal de Américas, en el suroccidente de Bogotá, están inconformes con la decisión de arrancar a liberar a detenidos durante protestas, incluso miembros de la primera línea, los mismos que, según ellos, causaron desmanes y les robaron la tranquilidad a lo largo de meses. Este viernes radicaron ante el Consejo de Estado una demanda que pretende frenar la iniciativa presidencial.En contexto: Gestores de paz: estos son primeros jóvenes capturados en protestas que quedarán libresQuienes viven en esa zona de Bogotá dicen que la tranquilidad se perdió por completo, pues se convirtieron en víctimas de los manifestantes de la primera línea. Por esta razón algunos no entienden cómo aquellos que causaron estos daños volverían a las calles como voceros de paz por decisión del presidente Gustavo Petro.“No podíamos sacar nuestros niños a los colegios o salir a comprar alimentos, las veces que podíamos salir fuimos amenazados por la primera línea. Todas las personas de la ciudadanía que no estaban de acuerdo con su ideología fuimos amenazados, fuimos vulnerados y nos sentíamos totalmente aterrorizados con lo que nos hacían”, explicó uno de los afectados, que prefirió guardar su identidad.La posible libertad de más de doscientas detenidos por actos vandálicos durante el paro nacional les causa otra vez miedo y zozobra, además de mucha indignación. Pilar Rodríguez, habitante de los alrededores del portal de Las Américas, recordó que “me amenazaron, me tomaron fotos de la casa, (decían) que me iban a poner una bomba, me escribieron cosas horribles que ustedes no se imaginan. Vivía días de terror, no solamente yo, también mi familia y ahora saber que van a estar en la calle como ‘gestores de paz’ me angustia, me da mucho terror”.Frente a estos anuncios de libertades, el abogado Carlos Flórez presentó una demanda ante el Consejo de Estado, respaldada por varios ciudadanos, para evitar que queden en libertad personas sindicadas de la primera línea. “No se nos puede olvidar que la primera línea es responsable de múltiples delitos y violaciones a los derechos humanos: 3.100 bloqueos que generaron desabastecimiento y afectaron la economía, incluso más que la pandemia del COVID-19. Asesinaron policías, civiles e incluso bebés por culpa de estos bloqueos”, explicó.Para Flórez, el presidente Gustavo Petro, con esta decisión, está dando un paso equivocado: “Está violando la independencia de poderes, dejando con herida de muerte la independencia en la justicia. Si hoy el presidente decide quién sale hoy de la cárcel, mañana podrá decir también quién entra”.El gobierno ha manifestado que la liberación de los detenidos de la primera línea y otros privados de la libertad busca que cumplan labores como voceros de paz y reconciliación, medida que solo incluye a procesados por delitos que no sean graves y que no hayan sido condenados por la justicia colombiana.Fiscal habló sobre gestores de paz con Petro: "Personas condenadas no podrían estar vinculadas"
Amnistía Internacional reveló un informe sobre violencia presuntamente cometida por uniformados durante el paro nacional en 2021. ‘La Policía no me cuida’, así se titula el documento que advierte de casos de violencia sexual y de género.Petro anuncia que jóvenes detenidos en protestas “serán gestores de paz antes de Nochebuena”“Violencia estatal que enfrentó la población que pacíficamente se manifestaba para el reclamo y la exigencia del ejercicio de derechos humanos y la rendición de cuentas", declaró Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.La investigación documenta 28 casos de violencia basada en género, contra mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, ocurridos entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021 presuntamente por miembros de la Policía. También revela algunos apartes de las entrevistas realizadas: "En tanto un agente del ESMAD coge a mi hija para tratar de ahogarla en un pozo de agua que había en el sector, yo soy arrastrada con golpes por bolillos y patadas hasta el cañal, donde un agente del ESMAD me quita el saco, me levanta el top, me abre el pantalón, todo lo anterior con el fin de tocarme las áreas genitales”, señala el documento en la página 32.Frente a las denuncias, el documento de 68 páginas advierte deficiencias en el acceso a la justicia por parte de las víctimas.Oposición critica decisión de que detenidos en protestas sean gestores de paz: “Garantiza impunidad”"Fue parte de un patrón de ataques generalizado en contra de la población", enfatizó Érika Guevara.Entre las recomendaciones con las que concluye el informe, Amnistía Internacional hizo un llamado a la Fiscalía para que se agilicen las investigaciones en estos casos y al presidente Gustavo Petro para que ordene detener las violaciones de derechos humanos y violencia de género a las personas manifestantes.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe se refirió a la crisis que atravesó el país por cuenta de la pandemia y el estallido social, que aseguró fue “patrocinado por el narcotráfico”.Uribe: "No queremos que al gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo"“Era muy difícil en Colombia, por ejemplo, la mezcla de la pandemia con lo que llamaron el estallido social, patrocinado por el narcotráfico, que empezó por ninguna causa, simplemente, por la elección del presidente Duque”, manifestó.El exmandatario hizo estas declaraciones durante el Encuentro Regional del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), en República Dominicana. Uribe comparaba a Colombia con Uruguay y República Dominicana donde, según él, “la pandemia no les trajo temblores a la estabilidad política”.“O en Chile que de pronto lo permitió la falta de ajustes oportunos porque la democracia necesita permanentes ajustes. El día que ganó el desapruebo en Chile yo me puse a pensar. En una reacción tardía, dije: la democracia resistirá ajustes permanentes, pero no resiste desbarajustes”, señaló.Durante la pandemia, miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra la reforma tributaria que en ese momento impulsaba el gobierno de Iván Duque, entre otras inconformidades con sus políticas.Vea aquí las declaraciones del expresidente UribeClaudia López cuestiona a Policía por ataque a Catedral Primada: "¿Tienen la orden de dejar hacer?”
Andrés Escobar, cuatro civiles y doce policías fueron llamados a juicio por los incidentes durante las protestas que se presentaron en Cali, en el sector de Ciudad Jardín.Andrés Escobar denuncia ataques con explosivo y arma traumática contra su vivienda en CaliEl 28 de mayo, Andrés Escobar fue grabado mientras disparaba, junto a uniformados de la Policía, a un grupo de protestantes. Aunque el hombre después presentó excusas y aseguró que era un arma de fogueo, la justicia ha encontrado méritos para un proceso penal, pues se probó que la pistola era de fuego.Este martes, la Fiscalía llamó a juicio a los involucrados en el caso y fijó la fecha del 25 de enero de 2023 para la audiencia de acusación.Dramático video de colombiano en selva del Darién es lo último que se sabe de él: ¿qué le pasó?Andrés Escobar tendrá que responder por los delitos de amenaza agravada, usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.Tres de los uniformados enfrentan cargos por tortura agravada y privación injusta de la libertad. Mientras que otros oficiales fueron imputados con prevaricato por omisión frente a los disparos a civiles.
Un juez otorgó medida de aseguramiento no privativa de la libertad a tres policías por su presunta responsabilidad en el asesinato de 6 personas en Cali durante el paro nacional, entre abril y mayo de 2021.Barco venezolano al parecer realizó cruel pesca en Bahía Solano: “Había delfines botando sangre”La decisión cobija al coronel Édgar Vega, excomandante de la Policía de Cali; el teniente Néstor Mancilla, excomandante del GOES, y el patrullero Wilson Esparragoza."Nosotros como representación de víctimas no estuvimos de acuerdo con la medida que se le impuso al comandante del GOES, toda vez que había muchos más elementos para que se impusiera una medida privativa de la libertad en establecimiento de reclusión", dijo a Blu Radio el abogado de las víctimas, John Montaña.Presidente Petro dice que "no van a morir más niños bombardeados" en Colombia
Este fin de semana se confirmó que una de las 53 víctimas mortales del incendio en la cárcel de Tuluá es un joven, quien hacía parte de la primera línea en el Valle del Cauca. Varios de los más de 20 heridos en la tragedia continúan graves en centros asistenciales.Vea también: Iván Márquez intentaba salir de Venezuela para irse a uno de estos dos paísesJhonatan Sabogal había sido capturado en diciembre de 2021, junto con otros nueve jóvenes, por su presunta participación en hechos delictivos relacionados con el estallido social y se encontraba a la espera del resultado de una tutela con la que esperaba recobrar la libertad.Jhonatan, quien al parecer falleció por inhalación de gases, era reconocido en varios puntos de resistencia de Cali y Bugalagrande como un joven con espíritu de liderazgo. Diferentes sectores se han solidarizado con su familia.“Nos duele todo lo que trajo el estallido social, cierre de empresas, pérdida de empleo, muertes, también heridos, pero no es el momento de pensar en ello, sino de pensar en que se han perdido unas vidas humanas”, señaló Danis Rentería, exsecretario de Paz de Cali.Según la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, en diferentes centros asistenciales del departamento permanecen graves al menos cuatro heridos por el incendio registrado en la cárcel de Tuluá.Además: Al menos 350 reclusos son trasladados a otras ciudades tras incendio en cárcel de Tuluá“Los pacientes están en muy malas condiciones, pronósticos reservados para casi todos ellos, sobre todo los que tienen alto porcentaje de quemaduras”, señaló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.Otros tres privados de la libertad que presentan afecciones pulmonares por la inhalación de humo permanecen en unidades de cuidados intensivos del departamento.Le puede interesar: Incendio en Ciudad Bolívar deja tres muertos: una madre y sus dos hijos
Luego de varias audiencias, un juez de control de garantías de Cali acogió la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía en contra de nueve presuntos integrantes de la primera línea del sector de Puerto Rellena, oriente de la capital del Valle del Cauca.En contexto: Más de 40 señalados miembros de la primera línea fueron capturados en distintas zonas de ColombiaLa Fiscalía General de la Nación presentó el material probatorio con el que vincula a estos jóvenes en la participación de cinco hechos delincuenciales, entre ellos, el homicidio de dos personas y el secuestro de un policía durante las protestas del paro nacional en 2021.“Estos jóvenes, líderes sociales, líderes comunitarios, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O sea, todavía no se ha determinado su culpabilidad”, aseguró Juan Camilo Méndez, abogado de los jóvenes enviados a la cárcel.Mientras se define a qué centro carcelario serán enviados, los jóvenes permanecen bajo custodia de la Policía. La defensa apeló la decisión.Vea también: Más de 150 familias indígenas quedaron en medio de combates, en Cauca: “Disparan a la gente”
En Bucaramanga avanza la segunda audiencia del proceso judicial contra los 11 jóvenes capturados en esa ciudad como presuntos integrantes de la autodenominada primera línea, señalados por las autoridades de ser los responsables de actos vandálicos y terrorismo, en las protestas de 2021. Mientras la Fiscalía pidió medida de aseguramiento para los 11 detenidos, la defensa argumentó que no hay pruebas contundentes para privarlos de la libertad.Otras noticias: En pesadilla terminó el viaje de ciudadano francés a Colombia para conocer a una mujer“La Fiscalía los acusa de esto, pero además le pide al juez que los envíe a la cárcel sin argumentos ni materiales probatorios. Estamos frente a una caso de falso positivo judicial”, dijo Jorge Flórez, abogado de los jóvenes capturados.Según los familiares de los detenidos, sus allegados no son terroristas y denunciaron que en las últimas horas fueron víctimas de amenazas de muerte en su contra.“Mi hermano Luis Martínez es un conocido activista político y cannábico de Bucaramanga, el cual en estos momentos está siendo víctima de un falso positivo judicial, está claro, no hay ninguna prueba en su contra“, hermano de uno de los capturados.Juez ordenó la libertad de Hugo Aguilar, exgobernador de SantanderLa audiencia avanza con recesos cortos por tratarse de 11 historiales, mientras se prevé que se aplace para el martes 21 de junio.
Las autoridades lanzaron una operación en la que fueron detenidos más de 40 señalados integrantes de la autodenominada primera línea.Vea también: Atentado en Corinto, Cauca: criminales activaron una motocicleta bombaLas capturas, ordenadas por jueces, tuvieron lugar en Bucaramanga, Cali, Bogotá, Medellín, Atlántico y Casanare, según indicó el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas.“Continuamos con las capturas de personas que han cometido hechos violentos, agresión a servidor público, daño en bien ajeno, lesiones personales, tortura, secuestro en algunas zonas del país. Quiero reiterar, con orden de autoridad competente, orden de captura emanada y avalada por un juez de la República”, afirmó.El oficial recalcó que las capturas se realizan con pruebas contundentes en contra de los sospechosos. Sin embargo, las detenciones fueron cuestionadas por algunos líderes sociales, como Steven Ospina y Alfredo Mondragón.“Quiero decir que a todos luces esto es un montaje judicial que se viene presentando justo ad portas de las elecciones de este domingo (19 de junio de 2022). No es posible que solo un año después del estallido se le imputen cargos a una juventud que se ha dedicado en los últimos tiempos a promover trabajos de comunicación popular, de trabajo comunitario”, aseguró Steven Ospina, quien es líder social del sector de Siloé.Le puede interesar: Envían a la cárcel a Jhonatan Torres, cuñado de la psicóloga desaparecida Adriana Pinzón“Lo que está viviendo Cali hoy es un acto de provocación, han detenido a varios jóvenes a través de allanamientos y les están imputando cargos gravísimos, yo no he visto situaciones o pruebas como si las he visto para Andrés Escobar teniendo un arma en una manifestación, incluso disparando, pero él está libre”, anotó Alfredo Mondragón, líder social de la capital del Valle del Cauca.En Bucaramanga, Jorge Flores, uno de los abogados defensores de los capturados, también se pronunció sobre este tema. “Capturados en allanamientos en la madrugada del martes (14 de junio), sin Ministerio Público, violando sus derechos y nosotros estamos reclamando que se declaren estos procedimientos ilegales, toda una treta montada desde el orden nacional”, sostuvo.La Policía precisó que varios de los capturados están siendo judicializados por tortura, terrorismo y homicidio.Otras noticias: Hallan en Bogotá el cuerpo de un hombre que habría sido torturado y degollado
Cinco civiles, entre ellos Andrés Escobar, fueron imputados por los delitos de usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, en relación con hechos registrados en mayo del año pasado en el barrio Ciudad Jardín de Cali.Otras noticias: Intentó escapar tras apuñalar a su expareja, pero terminó acorralado y capturado“En los hechos conocidos, particulares habrían disparado armas traumáticas contra varios ciudadanos, con la aparente convivencia de algunos uniformados que estaban en el lugar”, señaló la Fiscalía en un comunicado.Asimismo, el ente indicó que a Andrés Escobar se le formuló el cargo de amenazas agravado “por el nivel de intimidación que, al parecer, ejerció sobre la ciudadanía”.“Como apoderado de víctimas, como denunciante, veo con esperanza este gran paso que se ha dado por parte de la Fiscalía General de la Nación y por parte del juez de garantías quien avala esta imputación”, manifestó Sebastián Caballero, abogado de las víctimas.Por estos hechos, también fueron imputados 12 policías, cuatro de los cuales tendrán que responder por los delitos de tortura agravada y privación injusta de la libertad, mientras que ocho uniformados fueron imputados por el delito de prevaricato por omisión.Capturan al cuñado de la psicóloga Adriana Pinzón, desaparecida hace una semana“El material de prueba da cuenta de que, presuntamente, omitieron actos propios de sus funciones y permitieron que los civiles atacaran a los manifestantes”, agregó la información.
El Gobierno estadounidense le salió al paso al roce diplomático que se generó con Colombia, luego de que Juan Fernando y Nicolás Petro fueran mencionados en el apartado de corrupción de un informe del Departamento de Estado.>> Departamento de Estado de EE. UU. habla de “corrupción” en la campaña Petro presidenteDesde Miami, subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, señaló que el informe de derechos humanos es una obligación legal del Departamento de Estado.Indicó que como tal contiene variedad de temas que ocurren a lo largo y ancho del planeta, incluidas las investigaciones en curso que involucran tanto a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, como a Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario colombiano."Y no estamos precisamente valorando cada suceso en el país, solo informando al Congreso qué es lo que sucedió. Entonces, investigaciones en curso, eso es algo que sucedió. Pero es un proceso en curso, no estamos diciendo que hay un resultado en las investigaciones”, explicó Brian Nichols.El funcionario norteamericano también aseguró que confía en las autoridades colombianas.“Yo respeto y mi Gobierno respeta plenamente a las autoridades colombianas para llegar a una conclusión según las leyes y procedimientos colombianos”, acotó.Señaló, además, que el Gobierno estadounidense, a través de su embajador en Colombia, ya se puso en contacto con la administración Petro y que las relaciones bilaterales se mantienen estables."Sí, nuestro encargado de negocios, Paco Palmieri, ha hablado con el Gobierno del tema y mantenemos un discurso de muchísimos temas en nuestra relación y quiero subrayar que la relación que tenemos con el Gobierno de Colombia sigue siendo excelente”, enfatizó.>> EE.UU. tilda de “creíble” información de presuntos dineros irregulares en campaña PetroElecciones en VenezuelaSobre las elecciones en Venezuela, el funcionario estadounidense aseguró que su Gobierno sigue de cerca los comicios y aboga por que se dé un proceso democrático transparente.“Nuestro enfoque es un proceso democrático en que el pueblo venezolano va a decidir su futuro en las urnas, no hay otra manera de cambiar la situación en Venezuela. Hay que respetar la voluntad de los votantes en Venezuela y esperamos que haya un proceso transparente, con observación internacional que pueda dar confianza a la población de que su voto va a ser válido y ese es nuestro único enfoque”, recalcó.Brian Nichols se abstuvo de señalar las acciones que tomaría su Gobierno en caso de que no se den elecciones libres en Venezuela y calificó como un paso importante que la oposición venezolana haya cerrado filas alrededor de la candidatura de Edmundo González.>> Gobierno de Colombia envía nota de protesta a EE. UU. por declaraciones de Vedant Patel
Esta investigación demuestra que la ambición tiene pocos límites, hay personas capaces de matar a sus seres más queridos o, mejor dicho, supuestamente queridos, para quedarse con sus bienes materiales, la historia de los esposos Rubiel Díaz Londoño y Estela Toro y sus tres hijos es un ejemplo que reta la imaginación.Ella era una exitosa comerciante que aparentemente no sabía muy bien con quién se casaba, él era un abogado ambicioso y controlador, poco a poco le fue quitando el poder para tomar sus decisiones frente a las propiedades y sus negocios. Rubiel siempre se había mostrado como el protector, familiar, buen padrastro, un hombre preocupado porque en el hogar tuvieran lo necesario y hasta más, pero como reza el dicho popular “caras vemos, corazones no sabemos”.Mira también: Ambición sin límite: El cruel crimen que revela traición y codicia en La Dorada, CaldasSi Estela Toro hubiese sabido lo que él era realmente capaz de hacer es probable que lo hubiera abandonado antes de que fuera demasiado tarde. Desafortunadamente no lo hizo, ¿qué pasó entonces?Estela Toro y Leonela Tatiana Torres fueron asesinadas en la vía al Mar el 9 de diciembre de 1997, en un primer momento su esposo actual Rubiel Díaz Londoño aseguró que se trató de un asalto a mano armada contra toda la familia por parte de desconocidos en plena carretera en el punto conocido como Playa Mendoza, entre Barranquilla y Cartagena. Sin embargo, esta versión fue desmontada por la Fiscalía ya que se comprobó a través de la prueba de balística en Medicina Legal que todo fue un montaje de Díaz para asesinar a su esposa y su hijastra.La investigación estableció que él fue quien disparó a quemarropa dentro del mismo vehículo. Las autoridades para el momento lo capturaron, pero salió libre pagando una fianza en 1999. Rubiel Díaz Londoño fue condenado en diciembre de 2001 por el asesinato de su esposa e hijastra. No obstante, al parecer el hombre había desparecido sin dejar rastro desde esa fecha. Pero uno de los hijos de Estela se resistía a aceptar que la muerte de su mamá quedara impune, lo que hizo después sorprendió a todo el mundo.te puede interesar: La última entrega: el asesinato de tres jóvenes domiciliarios en los cerros orientales de BogotáFue así como pasaron más de dos décadas sin tener ninguna pista del paradero del hombre acusado de un doble homicidio en 1997, pero la persistencia del hijo mayor del anterior matrimonio de Estela fue clave. Hay caso donde la justicia cojea, pero llega. Para marzo de 2023, 26 años después fue recapturado en La Guajira y empezó a pagar la condena por el doble asesinato en la vía al Mar.
Luego de que Gustavo Petro anunciara que romperá relaciones con Israel, uno de los primeros en reaccionar fue el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, quien dijo en X que “el presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás y hoy cumplió su promesa”.“Petro incita al odio”: senador David Luna tras discurso del presidente este 1 de mayo“La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes”, apuntó.Y añadió que “las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas y ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor”.“Entiendo esa decisión como una decisión coherente en la política exterior de un país profundamente comprometido, que no se afecten los colombianos que viven en Israel y ojalá, en lo posible, que no se afecte la comunidad israelita que vive en nuestro país”, aseguró Camilo Reyes, excanciller de Colombia.Sin embargo, los colombianos en Israel ven con preocupación la decisión del presidente Gustavo Petro.“Somos más de 200, 300 personas, que estamos aquí devengando un dinero que mandamos para Colombia todos los meses. Los vínculos que usted rompió con Israel son grandísimos, porque no solamente yo, detrás de mí hay muchas personas que quieren venir a trabajar, a ganarse sustento”, manifestó Fernando Mejía, enfermero colombiano en Israel.En cuanto a la cooperación militar que Israel le brinda a Colombia, hay preocupación entre militares retirados de una posible suspensión de contrato sobre capacidad en seguridad y defensa.“Implicaría perder las capacidades de los aviones Kfir más rápido de lo que se habría previsto, porque quedaríamos sin los flujos de repuestos necesarios para mantener su funcionamiento. Igualmente sucedería con otros equipos como es el caso de los fusiles Galil”, resaltó el general (r) Guillermo León, presidente de Acore.El grupo terrorista Hamás dijo en un comunicado que aprecian enormemente la posición del presidente Gustavo Petro y que la consideran una victoria por los sacrificios de su pueblo y su justa causa.Ruptura de relaciones entre Colombia e Israel: Hamás califica la decisión de Petro como "victoria"
El humorista, escritor y librero Dany Hoyos, más conocido por su personaje Suso, el paspi, debuta en el mundo literario con Árbol de Guayacán, un homenaje a su abuelo que falleció por COVID-19 durante la pandemia, un libro desgarrador y divertido.>>> Le recomendamos leer: Luisito Comunica trae la magia de los viajes a la FILBo con su libro Lugares asombrosos 2En entrevista con Noticias Caracol, el humorista, que hace parte de la casa de Caracol Televisión y llegó con su obra a la Feria del Libro de Bogotá 2024, contó que este texto es una carta larga de amor a su abuelo, escrita con desgarro. Es como una catarsis ante la pérdida.Las primeras palabras con las que empieza el libro son: “Yo tenía un abuelo a quien llamar, ahora solo me queda escribir hasta que no duela”.“La literatura sirve para uno sacar todo ese pus, ese dolor y esa angustia que se tiene. A mí me sirvió mucho como terapia, entonces no es mérito mío, es mérito de la literatura y mérito del escribir que se sienta eso”, dijo Dany Hoyos, conocido como Suso.Por medio de este texto, busca que los lectores “conozcan a los campesinos" a través de su abuelo. Asimismo, recalcó que desea hacer un homenaje “a toda la gente que murió de COVID” no solo a nivel Colombia, también mundial.>>> Le puede interesar: Mario Mendoza presenta Los vagabundos de Dios en la FILBo: "Soy un religioso sin fe"
En horas de la noche de este miércoles, 1 de mayo, se llevó a cabo una velatón tras el asesinato del subintendente Juan Esteban Cortés Pérez, quien murió luego de que recibió un disparo en la cabeza mientras frustraba un robo en la comuna 11 de Medellín, conocida como Laureles.>>> Le recomendamos leer: Alcalde Federico Gutiérrez ofrece recompensa de $100 millones tras muerte de policía en LaurelesEste policía tenía 35 años y llevaba 14 de ellos prestando sus servicios en la institución. Hoy dejó a una niña de 7.¿Qué pasó en Laureles, Medellín?Dos uniformados, entre ellos Juan Esteban Cortés Pérez, fueron llamados para atender un robo en un apartamento, situado cerca de Pepe Ganga, en la avenida Nutibara.Allí, según narró el general Óscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se encontraron con delincuentes que vestían chaquetas del CTI y “elementos privativos de las fuerzas armadas”. Empezó un tiroteo que terminó con la vida de Cortés Pérez y con dos señalados ladrones heridos.Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, manifestó su solidaridad con la institución, “con la familia del subintendente, con su hija de 7 años, que queda hoy sin un padre, y a ellos todo el respaldo de la Administración”.La Alcaldía de Medellín ofrece una recompensa para dar con el paradero de los responsables del crimen, así lo dio a conocer el secretario Villa: “Todas las capacidades de la Administración, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional están en este momento destinadas a esclarecer los hechos y a dar con los responsables. Es por esto que el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, ha anunciado la recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien nos dé información”.Según las autoridades, cuatro delincuentes habrían huido en varios vehículos, los cuales son rastreados por las autoridades.>>> Le puede interesar: Rigoberto Urán volvió a ser víctima de los ladrones: asaltaron una de sus tiendas en Medellín