Foto: archivo Noticias Caracol
Mil millones de pesos exigió el mayor Jarvin Marino Ungría Rodríguez, excomandante del Gaula del Valle del Cauca, a los propietarios de una cadena de almacenes porque supuestamente, eran investigados por lavado de activos, contrabando y evasión de impuestos. La investigación era falsa, la intención era sacarles dinero.
La Fiscalía 76 Seccional de la Unidad de Administración Pública de Cali, presentó el material probatorio que permitió al Juzgado 22 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento, condenar a Ungría Rodríguez a 106 meses de prisión, lo que equivale a ocho años y ocho meses, por ser responsable del delito de concusión.
Durante un año y siete meses de juicio oral, la Fiscalía demostró que lo dicho por el hoy sentenciado a sus víctimas era falso y sólo buscaba obtener un beneficio económico.
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¿Cómo se dio todo?
Inició con una diligencia de allanamiento y registro el 26 de diciembre de 2011, en una de las bodegas de la cadena de almacenes. Era un operativo real en el que supuestamente se iba a rescatar a un secuestrado, en el barrio Colón de la capital vallecaucana, pero que en últimas resultó negativo.
Ante la presencia de las autoridades en su predio, los propietarios decidieron averiguar qué pasaba, encontrándose con el hoy sentenciado, quien les manifestó que ellos eran objeto de investigación penal.
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En varias reuniones y llamadas telefónicas a las víctimas, el mayor Ungría Rodríguez les pedía $1.000 millones de pesos para suspender o frenar la supuesta investigación que existía en su contra, o de lo contrario, sus bienes serían objeto de extinción de dominio.
Las víctimas le manifestaron que la suma era bastante alta, la cual al final quedó en $500 millones. Inicialmente pagaron $300 millones y posteriormente el resto, según el hoy sentenciado.
La Fiscalía General de la Nación formuló cargos al excomandante el pasado 20 de enero de 2012 con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual fue revocada posteriormente. Para el 17 de mayo de 2012, la Fiscalía lo acusó.
El juzgador en su sentencia valoró las pruebas recaudadas por la Fiscalía y acogió su petición de dictar sentencia condenatoria contra el procesado, al considerar que por la calidad de servidor público, el rango que ostentaba como militar, lo que representaba para la sociedad y la gravedad de los hechos, era necesario condenarlo a 106 meses de prisión.
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Igualmente, el juez determinó en la sentencia que el militar debe pagar una multa de 77 salarios mínimos legales mensuales vigentes y lo inhabilitó por un periodo de 88 meses para ejercer sus derechos y deberes públicos.
El condenado debe cumplir la sentencia condenatoria en el Cantón Militar de Nápoles en Cali, capital del Valle del Cauca.
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