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2:37 pm - 1 de Marzo de 2017

Contraloría de Cali entregó resultados sobre el presunto caso de corrupción de Metrocali

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El ente de control dio a conocer que, con lo obtenido en las auditorías, la entidad violó principios de orden penal y disciplinarios en contrataciones.

Este requerimiento se hizo por petición del alcalde de la capital del Valle del Cauca, Maurice Armitage. Se evaluaron nueve contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, valorados en más de 1.300 millones de pesos. De ellos cuatro, según la Contraloría, fueron dados a dedo.

Estos contratos firmados por el exgerente de Metrocali, Armando Garrido Otoya, habrían favorecido a Nohora Patricia Acero, quien fue asesora jurídica de la entidad hasta el 2016. Ahora el caso será investigado por la Fiscalía y la Procuraduría.

“Si bien se requería la contratación de estos servicios para presentar el plan de salvación de la empresa al municipio, Concejo y a la misma junta de Metrocali, lo que se cuestiona es la forma como se hizo. No se realizó una convocatoria pública, se entregó a dedo y esto terminó favoreciendo a Nohora Patricia Acero. Esperamos que la Fiscalía también haga un trabajo oportuno, que la Procuraduría aclare la investigación al presidente de Metrocali y con los contratistas”, manifestó Ricardo Rivera, contralor de Cali.

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Además, la Contraloría evaluó un convenio con el Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya, ITEC, suscrito el 21 de junio de 2016 y con el que pretendían cooperar en el desarrollo de experiencias, conocimientos técnicos y regulaciones en infraestructura del transporte, intercambiando experiencias, tecnología en información relacionadas con metodologías de control de costo, tiempo y calidad en inversiones de obra pública.

Esto no le costaría ningún peso a Metrocali. Sin embargo, el ente de control determinó que en las cláusulas del convenio habría una contraprestación para el instituto de más de $10.000 millones que saldrían del patrimonio autónomo para construir las obras que le faltan al MIO.

“Los convenios si se pueden hacer directamente pero allí había una contraprestación donde finalmente los recursos salían del presupuesto para la adjudicación de los contratos. En esto se determinó que hay una violación en los principios de contratación también de orden penal y disciplinario”, explicó Rivera.

También, se encontraron irregularidades en la adjudicación de los contratos para realizar obras que le faltan al sistema de trasporte masivo, relacionada con los proyectos Terminal Sur, Terminal Guadalupe, patio taller de Valle del Lili y Aguablanca.

Dos de estos contratos fueron adjudicados a pesar que la firma a la que se les entregó no cumpliría con los tiempos estipulados para ejecutar las obras planteadas en la licitación, por lo que, según la Contraloría, tenían que ser rechazados.

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