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3:14 pm - 7 de Mayo de 2015

Encienden alarma por ingreso de inmigrantes ilegales a Cali

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Por: 
Noticiascaracol.com

Tras un nuevo caso en el que ocho africanos fueron detenidos en la Terminal de Trasportes de Cali, la Policía encendió las alarmas ante el fenómeno de extranjeros indocumentados que llegan a la ciudad. 

Redes de inmigrantes ilegales que operan desde sus lugares de origen, tendrían guías en los departamentos de Colombia. Por ejemplo, algunos foráneos son llevados del Valle del Cauca a Antioquia, son entregados a lancheros en el municipio de Turbo y luego a otros en el mar Atlántico, para ser puestos en manos de personas que trafican con ciudadanos en el vecino país de Panamá.

Según Wílliam Sánchez, comandante operativo de la Policía de Cali, al parecer la ciudad se ha convertido en un lugar de tránsito necesario para dicho fin.

"Normalmente han pasado primero por Europa, finalmente entran a Suramérica por el lado de Brasil, pasan a Perú, Ecuador y finalmente a Colombia. Aquí, los casos evidenciados los hemos conducido y dejado a disposición de las autoridades correspondientes", señaló Sánchez.

Además de lo indicado por el oficial, funcionarios de Migración Colombia destacan dos rutas más utilizadas por estas redes: Perú – Ecuador – Colombia – Panamá – México – Estados Unidos y Ecuador – Colombia – Panamá – México  Estados Unidos.

Cifras de la misma entidad revelan que solo en Cali han sido deportadas 131 personas y 21 más han sido expulsadas entre enero y mayo de 2015. Estos inmigrantes vienen de Ghana, Cuba, Nepal, Sri Lanka, Somalia, Indonesia, Bangladesh, India y Pakistán.

La diferencia entre los deportados es que son extranjeros que por primera vez infringen la norma, mientras los expulsados son reincidentes que no pueden  volver al país después de la sanción que reciben.

Según Migración Colombia, la mayoría de ilegales provienen de Asia y  pagan entre 35.000 y 40.000 dólares.  

Los ciudadanos que son deportados pueden recibir el beneficio de poder reingresar a nuestro país, pero luego  sanciones de entre cinco y diez años, según lo establecido por el Gobierno Nacional.

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