En operativos realizados por el CTI fueron capturados los jueces penales Alberto Oyaga Machado y Rafael Uribe Henríquez, y el fiscal Gustavo Adolfo Orozco. Habrían incurrido en actos de corrupción para favorecer a un particular en la puja por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
“Hacer incurrir en error y de manera fraudulenta a servidores públicos de la Gobernación del Atlántico, incluso amenazando a la ministra de Educación con un incidente de desacato, todo con el conocimiento preciso de que se trataba de conductas atípicas”, dijo Venancio García, juez promiscuo de Galapa.
En Barranquilla y Santa Marta fueron ejecutadas las capturas por este escándalo que también tiene tras las rejas al senador Eduardo Pulgar, quien habría intentado sobornar a un juez.
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“Allí quedó al descubierto el entramado de corrupción que se vive en la ciudad de Barranquilla y por no existir garantías para nosotros como apoderados de víctimas ni para las víctimas del mismo caso de la universidad metropolitana”, afirmó el abogado Raúl Romero.
El director de la Fundación Protransparencia, Horacio Brieva, rechazó el presunto mal proceder de los funcionarios judiciales.
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“Todo es un entramado de corrupción donde intervienen distintos agentes como un escenario de definición sobre el control de esos activos. Era de esperarse que actores de la rama judicial estuvieran involucrados en este tinglado de corrupción”, señaló.
Los detenidos deberán responder por los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y abuso de autoridad.
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