Electricaribe demandó a Barranquilla por $45.000 millones por el servicio que prestó a barrios subnormales durante los últimos tres años y ahora pretende emprender las mismas acciones contra otros departamentos.
Las demandas serían a Santa Marta por $80 mil millones de pesos, a Cartagena por $48 mil millones, a Valledupar por $20 mil millones y a Montería por $3.500 millones.
"Facturan de más a barrios que no tienen como pagarles. Al no recibir el pago, ahora se los quieren cobrar a la ciudad, es decir, mandan cáscara", dijo Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, al rechazar la posición de Electricaribe.
Y aseguró que llegará "hasta las instancias legales que nos toque, pero estamos tranquilos de que los jueces en derecho fallarán, ojalá en primera instancia, dándonos la razón al Distrito".
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Otros alcaldes como el de Cartagena, William Dau, afirmó que es una “‘sirvengüenzura’ la que está haciendo ya faltándole pocos días para irse de la costa".
Virna Johnson, mandataria de Santa Marta, expresó “una voz de rechazo y de protesta por esta clase de acciones y le pido a la Superintendencia de Servicios Públicos que investigue a fondo".
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Entretanto, la bancada Caribe en el Congreso también se manifestó contra las millonarias demandas de Electricaribe.
“Es un despropósito completo, su servicio ha sido paupérrimo, malo, insignificante, indignante”, dijo el senador Armando Benedetti.
Su colega Marta Villalba precisó que “en debates de control político demostramos que no presentó nunca un servicio eficiente, un servicio oportuno y, sobre todo, un servicio que generara satisfacción”.
Es por esto que anunciaron un debate de control político, ya que “son más de 100 mil millones de pesos en que tiene demandados a los entes territoriales de la costa, 100 mil millones que en época de pandemia son absolutamente cruciales”, indicó el senador Efraín Cepeda.
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Los ciudadanos de distintas ciudades tampoco aguantan más precario servicio de energía que aseguran les ofrece Electricaribe.
Y es que además de las cientos de quejas que reciben las autoridades departamentales, se suman los accidentes mortales con el cableado eléctrico, como el que ocurrió en Barranquilla, donde una joven madre murió frente a su familia por un daño que se reportó en más de una ocasión a la empresa.
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También se denunció que un médico con respirador artificial murió en su casa Santa Marta porque Electricaribe le cortó la energía.
Un caso similar se registró en la misma ciudad, pero el adulto mayor, que adeuda $5 millones a la empresa, fue auxiliado por un vecino.
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Y es que ante la amenaza de un inminente apagón, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios asumió el control de Electricaribe con el fin de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en 7 departamentos de la costa Atlántica.
Javer Lastra, exagente interventor de Electricaribe, precisó que todo comenzó "por la falta de inversiones que en su momento el dueño de la compañía no hizo a la infraestructura de la empresa y esto deteriora los indicadores de calidad, se aumentan las interrupciones, se baja el recaudo y ahora estamos ad portas de que se entregue a dos nuevos operadores".
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La empresa enfrentaba deudas superiores a los $2,4 billones, quejas recurrentes por parte de los usuarios y grandes alteraciones de orden público.
Luego de la intervención del gobierno los indicadores empezaron a mejorar hasta que, en 2018, se tomó la decisión de dividir en dos el mercado, surgiendo Caribe Mar, por parte de EPM, y Caribe Sol, por el Consorcio de Energía de la Costa.
Si estas dos empresas entraran en operación prestarían el servicio así:
Caribe Mar en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre con 1,5 millones de clientes.
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Caribe Sol en La Guajira, Magdalena y Atlántico con 1,2 millones de usuarios.
Sin embargo, esta decisión está en vilo pues el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM aseguró que dentro del contrato quedó estipulada una cláusula de "efecto material adverso", que quiere decir que si la empresa se deteriora por efectos de la pandemia podrían retractarse de su decisión y es la razón por la que actualmente se encuentran en negociaciones con el gobierno nacional.
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Sin embargo, las juntas directivas han dicho estar en firme con la decisión de recibir las llaves el 1 de octubre.
La Superintendencia de Servicios Públicos, a través de múltiples consultorías, calculó que las inversiones para garantizar el funcionamiento ascienden a los $9 billones por los próximos 10 años.
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