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Familias de jóvenes arrollados por Enrique Vives solo desean una cosa para el conductor ebrio

Han pasado ocho días desde la muerte de los seis muchachos, en la vía Gaira-Santa Marta, y el empresario no ha sido enviado a prisión.

Familias de jóvenes arrollados por Enrique Vives solo desean una cosa para el conductor ebrio

Era la 1:05 de la madrugada del lunes 13 de septiembre cuando Enrique Vives, en estado de ebriedad y exceso de velocidad, arrolló a siete jóvenes que caminaban por la vía. Solo uno de ellos sobrevivió al fatal choque. Las familias de las víctimas solo quieren que el empresario pague con la cárcel, pero su abogado apeló la decisión afirmando que no es un peligro para la sociedad.

Para Martinela Mendoza, abuela de dos de los jóvenes atropellados, las noches son eternas y sigue llorando. Recuerda con mucho dolor a Juan Alzate, que tenía 18 años.

"A nosotros nos hace falta nuestro peladito. Todos los días me levanto y no lo encuentro, él dormía conmigo y queremos que el hombre pague por todo lo que hizo", dice entre lágrimas la atormentada mujer.

Por su parte, Armando Alzate, padre de otra de las víctimas, está más tranquilo con la orden de la jueza primera penal municipal de control de garantías Olmis Cotes.

"Muy bien, eso era lo que faltaba, que lo metieran a la cárcel, era lo único que nosotros queríamos", sostuvo.

Gilmar Rapelo, papá de otro de los jóvenes arrollados por Enrique Vives, considera que si el empresario "va a ser enviado a la cárcel, que sea con una pena que amerite, de varios años. Para mí una persona de esas… Mi niña tenía 18 años, pongámosle que viviría 50 años, eso es lo que debería pagar él en la cárcel".

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Íngrid Ordóñez, mamá de una de las víctimas, dijo que al conductor borracho "yo no lo disculpo ni lo perdono, que lo perdone Dios. Y que se haga justicia".

Rodrigo Martínez, abogado de estas familias, insiste en que Enrique Vives debe ir a prisión porque "iba conduciendo, había estado tomando licor, había hecho publicaciones en las redes sociales de que estaba de fiesta".

El empresario lleva dos días en la URI de la Fiscalía de Santa Marta esperando a que un juez decida sobre la apelación presentada por su abogado para que no le dicten medida de aseguramiento.

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