La Corte Constitucional determinó que el gobierno incumplió con la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, labor que no ha terminado, y ordenó tomar medidas urgentes tras revisar un fallo de tutela.
Ha estado marcado por un enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal y no se garantizaron plenamente sus derechos fundamentales
El alto tribunal señaló que comprobó que el Ejecutivo incumplió los acuerdos sobre las características de las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes de un huracán como el Iota.
Agrega que las casas en Providencia y Santa Catalina no cuentan con cisternas para almacenar aguas lluvias y tienen graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico.
Herlin Arroyo Newall, director de Proarchipiélago, afirma que “el tema del pozo séptico, el manejo de las aguas (residuales), han generado algunos inconvenientes que, inclusive, la corporación ambiental ha estado pendiente de todo eso”.
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También se refirió a la reconstrucción del hospital, porque “a hoy, dos años después, apenas está en inicio de obra”.
Por estos hechos, la Corte Constitucional ordenó que en 30 días la Unidad de Gestión de Riesgo intervenga el hospital temporal de campaña y que en 15 días los ministerios del Interior y de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina convoquen a la comunidad raizal para una consulta sobre los procesos de reconstrucción.
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Agrega que en 45 días debe estar garantizado el abastecimiento diario de, mínimo, 65 litros de agua.
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