Vladimir Daza Hernández, hasta hace unos días juez promiscuo de La Guajira,habría favorecido a los investigados con sus fallos judiciales, en por lo menos cinco casos.
Una de las beneficiadas con sus decisiones, según la Fiscalía, fue Nini Johana Úsuga, hermana de uno de los hombres más buscados del país, Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. Ella fue condenada a nueve años y dos meses de cárcel por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fabricación y porte de arma de fuego, entre otros.
A la mujer, que tenía antecedentes de fuga de presos y que alegaba que había cumplido con los requisitos para obtener la libertad condicional, otros jueces le habían negado en dos oportunidades la excarcelación. En un comunicado de la Fiscalía queda en evidencia esa anomalía.
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“En contravía a la ley habría asumido competencia para dejar sin efectos el fallo de tutela de un juzgado en Medellín y otro en Bogotá que negaron la libertad condicional para una mujer vinculada con organizaciones criminales. Con su decisión ordenó su libertad”, asegura el ente.
Esta decisión del juez promiscuo de La Guajira obligó a que la togada de ejecución de penas, es decir, la que tenía el encargo de vigilar la condena de Nini Johana Úsuga y que se había negado a darle la libertad por considerar que podría fugarse, impugnara el fallo y denunciara a su colega por faltarle a la administración de justicia.
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Un anónimo en poder de la Fiscalía dice que Daza Hernández recibió cerca de 500 millones pesos para conceder esa libertad.
Desde la clandestinidad, el juez investigado se presentó a la más reciente audiencia donde la Fiscalía le formuló cargos por presunta corrupción judicial.
“Él sabía de su orden de captura, y no hizo por presentarse. Se hicieron las labores investigativas para la captura y no fue posible y no fue posible porque estaba laborando desde la clandestinidad”, señala el fiscal del caso.
Incluso un hermano suyo aseguró que se entregaría.
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“Un hermano de Vladimir Daza Hernández dijo que tenía la voluntad de entregarse, pero no lo hizo porque la orden de captura data de noviembre de 2020, por lo que se ve el desinterés de él de someterse a la administración de justicia”, manifiesta.
Tres meses antes de conceder la libertad a la hermana de alias ‘Otoniel’, el juez Daza revocó en enero del año pasado la medida de aseguramiento de cuatro personas en un proceso que era llevado en San Andrés, y en una audiencia en la que no estuvo la Fiscalía.
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El nombre del juez Daza sonó el año pasado por cuenta de un capítulo similar al del cartel de la toga, en un caso de presunta asesoría ilegal, y al parecer entrega, a particulares, de información privilegiada y reservada de su despacho como juez.
Desde 2018, este juez tenía antecedentes penales también por corrupción, que llevaron a la justicia a imponerle una medida restrictiva de su movilidad.
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