Hay preocupación por estos días en el Congreso porque el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una demanda de una acción popular que pretende que los congresistas reintegren los recursos que recibieron como gastos de representación mientras, en medio de la pandemia, se realizaban sesiones virtuales.
Ese tribunal les dio cinco días a los legisladores para que se pronunciaran sobre la medida cautelar que busca que se suspenda dicho pago en forma inmediata.
El plazo final fue el día de ayer y la mayoría de los funcionarios enviaron sus escritos explicando las razones por las que creen que tenían derecho a recibir ese pago.
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Si el tribunal ordena la devolución de esos gastos, que se causan porque se entiende que los congresistas deben desplazarse de sus lugares de origen a Bogotá, cosa que no ocurrió en los momentos más fuertes de la pandemia.
Tendrían que devolver más de 50 millones de pesos cada uno, así que tanto senadores, como representantes están temblando con esa posibilidad.
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