Hoy se conoció que el presidente le solicitó al Congreso que tramitara con mensaje de urgencia un proyecto de ley que está presentando la procuradora general, Margarita Cabello, que busca devolverle el poder que le quitaron a la Procuraduría.
Recordemos que el año pasado la corte IDH le quitó a esa entidad la competencia para inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente. Lo hizo mediante el famoso fallo en favor del senador Gustavo Petro en el caso contra el Estado colombiano por violentar las normas internacionales, dijo la CIDH, aun cuando la Constitución Política colombiana así lo permitiera.
Ante ese fallo, la Procuraduría quedó prácticamente inservible para ejercer el control disciplinario frente a servidores elegidos popularmente a pesar de que muchos de los casos de corrupción involucran precisamente servidores públicos de elección popular.
Por eso, el enorme malestar del entonces procurador Carrillo y de la ahora procuradora Cabello.
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Sin embargo, parece difícil que en el Congreso los legisladores aprueben ese proyecto que le devuelva los dientes a la Procuraduría, por varias razones.
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Primero, es muy difícil desde el punto de vista político pues es precisamente a ellos a quien favorece que ese ente de control no los pueda inhabilitar.
Dos, con reforma tributaria encima, por más mensaje de urgencia que lleve este proyecto, parece difícil que en el Congreso lo vayan a aprobar.
Tres, porque no son pocas las voces jurídicas que advierten que con base en una decisión de la CIDH de esa naturaleza es imposible que cualquiera de los estados signatarios pueda adoptar este tipo de medidas.
En otras palabras, donde manda CIDH no manda Estado colombiano.
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