Cuando la persona que administra los recursos gasta más de lo que la autoridad electoral permita paga una pena entre 4 a 8 años.
Quien esté enterado de esta conducta deberá denunciarlo ante la Fiscalía General, si quien incurre en este delito es un funcionario la denuncia se hace ante la Procuraduría.
Updated: febrero 27, 2018 11:12 AM
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