Óscar Andrés Pérez, candidato a la alcaldía por el Centro Democrático, apeló la decisión restrictiva de la libertad. Es investigado por presunta corrupción. El exmandatario de Bello, en el periodo 2008 – 2011 , es investigado por presuntas irregularidades en el proyecto ‘Galileo’ que dejó a miles de estudiantes endeudados y sin poder graduarse, cuando fue alcalde de ese territorio. Durante una audiencia, un juez ordenó imponerle un brazalete del Inpec y restricción en la movilidad, decisión que la defensa de Pérez apeló y logró que el candidato pueda desplazarse sin el sistema de vigilancia. Así lo confirmó con un video, junto a dos congresistas, donde mostró que ya no lo tiene. “No hay brazalete, no hay nada, acá lo qué hay es un hombre honorable”, dijo la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Pero ¿qué piensan los bellanitas? Esto dice la comunidad en las calles: “Debería echarse al costado, porque volvemos como hace cuatro años, otros votos y nos los cobran al pueblo. Él puede salir elegido y en enero o febrero el juzgado lo condena y ya son otras elecciones para Bello”, advirtió Jesús Tamayo. También hay quienes lo respaldan a plenitud. “La polarización que existe en Bello puede ser para hacerle daño al otro. ¿Cree usted en la palabra del candidato? Pues sí”, dijo Miguel Tobón, ciudadano. “Todos cometemos errores, uno puede reivindicarse y cuando se mete la pata y se saca ya camina derecho y mejor”, comentó Ángela Piedrahita, habitante de Bello. Ahora el candidato sigue aspirando a ser el mandatario de los bellanitas, mientras se celebra la audiencia de segunda instancia en el proceso que se adelanta contra él. Aunque desde Noticias Caracol buscamos a Óscar Andrés Pérez y visitamos su sede, no nos dieron razón de él. Hasta la publicación de esta noticia no hubo respuesta.
Al aspirante de la Alcaldía de Chigorodó le dictaron casa por cárcel, mientras que al de Bello no le permiten salir del país y niega tener brazalete del Inpec. Un juez de garantías dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Édgar Payares Berrío, candidato a la Alcaldía de Chigorodó, quien cuenta con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Payares ya había sido alcalde del municipio en dos oportunidades. La Fiscalía le imputó tres cargos por hechos relacionados con la firma de un contrato durante el periodo 2012- 2015. Pese a la medida de casa por cárcel ordenada por el juez, el candidato anunció que continuará su campaña política debido a que se declara inocente. Aspirante de Bello negó tener brazalete de seguridad Pero este no es el único caso en Antioquia. Un juez de Bello ordenó una restricción para salir del país y un brazalete del Inpec, para el candidato a la Alcaldía de ese municipio por el partido Centro Democrático, Óscar Andrés Pérez, a quien lo señalan por los delitos de concusión, cohecho, prevaricato y celebración de contratos durante su mandato en el mismo territorio entre el 2008 y el 2011. En un video, el candidato negó estar haciendo campaña con un brazalete. Aunque la orden del juez esté vigente, la defensa del candidato apeló la medida del brazalete y se encuentra esperando una respuesta en segunda instancia.
Colosó, Toluviejo, Ovejas, San Pedro, Chalán y Buena Vista son las poblaciones en las que, de acuerdo con la MOE, se estaría presentando trashumancia electoral. El Consejo Nacional Electoral ya estaría tomando correctivos sobre las irregularidades; de hecho, la inscripción de 7.954 cédulas fue anulada por traslado de votantes. Las administraciones municipales también han activado comités de seguimiento electoral para garantizar la transparencia en las próximas elecciones regionales. “Se articuló con la Contraloría Nacional una capacitación a los líderes sociales, Juntas de Acción Comunal y diferentes personas que manejan un liderazgo ante las diferentes comunidades para que conozcan este tipo de delitos”, señaló Liseth Paternina, secretaria de Gobierno de Toluviejo, Sucre.
La MOE alertó que son 163 puestos en Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba. En esos puntos se concentra el 27% del riesgo a sufragantes. La Misión de Observación Electoral alertó sobre las irregularidades que podrían presentarse en las elecciones de octubre, específicamente en el sur de la capital. Esos puestos están conformados por tres mil mesas de votación donde pueden depositar su papeleta cerca de 900 mil personas. La mayor preocupación de la MOE es la compra de votos y la manipulación de los votantes. Aura Rodríguez, coordinadora de la Misión de Observación Electoral, indica que “el voto puede costar entre 30 mil y 100 mil pesos”. Otra modalidad de la que advierte es que “grupos de adultos mayores son llevados a votar por uno u otro candidato. Les dan paseos o regalos”. De los 163 puestos que denuncia la MOE, 18 presentan riesgo extremo; 51, riesgo alto, y 94, riesgo medio.
A Buanerges Romero se le cuestiona su relación con alias ‘el Médico’ y Edgardo Ramírez. A Leandro Romo lo persigue una denuncia por malos manejos como alcalde. La cara de Cambio Radical a la Gobernación del Putumayo es la de Buanerges Rosero. Llega de una casa política en reconstrucción después de varios escándalos. Las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación afirman que los pecados políticos del candidato tienen que ver con favores hechos cuando era alcalde de Puerto Caicedo que involucran a Jhon Wilmer Rosero, conocido como ‘el Minero’. Aunque él negó conocerlo, otra cosa se ve en un video donde Buanerges comparte tarima como candidato con Jhon Rosero. Y como si fuera poco, existe otra alianza más cercana con un candidato a la Alcaldía de Puerto Caicedo, a quien conocen como ‘el Médico’. "Es con el señor Edgardo Ramírez, que se desmoviliza con las FARC. Hoy compite por la Alcaldía de Puerto Caicedo; fue capturado en 2015 con 200 kilos de cocaína en una ambulancia”, dice Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación. NC: ¿Usted tiene un concuñado y a la vez candidato a la Alcaldía de Puerto Caicedo, a él si lo conoce? “Claro que lo conozco al doctor Edgardo, lo que tú estás diciendo. Es mi concuñado. La esposa de él es hermana de mi esposa (...) ¿Usted lo va a apoyar? “Igual que muchos habitantes del municipio de Puerto Caicedo". "Cuando nosotros decimos que hay un candidato que fue capturado en el 2015 con 200 kilos de cocaína, es que no fueron gramos, estamos diciendo que están siendo permeados por la criminalidad", dice el analista Ávila. En el Putumayo, el clima político se está calentando. Las vallas publicitarias de Buanerges Rosero fueron quemadas hace pocos días, el candidato lo denunció en sus redes sociales. Leandro Romo es la nueva cara del liberalismo, hijo de una vieja maquinaria liberal que busca reconstruirse en el departamento. "Creo que son las equivocaciones que hemos cometido la clase política, lo reconozco y pido perdón por eso, son muy graves", dice. Un perdón que incluye reconocer que en su pasado reciente tuvo cuestionamientos por el manejo de la salud cuando fue alcalde del municipio del Valle de Guamuez. "Producto de un hallazgo de la Contraloría en el municipio del Valle de Guamuez, ese proceso está precluido. Lo pueden verificar en la Contraloría y está con solicitud de archivo en la Fiscalía General de la Nación", señala el candidato. "Desde niño tuvimos que convivir con la guerrilla, con los paramilitares y con el narcotráfico. Ese era el destino de muchos jóvenes en mi época", dice Andrés Cancimance, de la Colombia Humana. Cancimance decidió dar un salto mortal de la academia al enrarecido mundo político de su natal Putumayo en el peor de los momentos, cuando una nueva espiral de violencia se está activando. "Si los que estamos en la academia no tomamos las manos del poder político, nunca va a ser posible la implementación de un acuerdo de paz. La tenemos que defender desde el territorio. ¡Le puedo decir que es como un David contra cuatro Goliats? “Cuatro Goliats. Sí, a veces me siento de esa manera”, dice. Usted va a ser obviamente el perdedor “Hay sorpresas que se pueden dar y puedo quedar como gobernador o como segundo y en ese caso yo haría uso del estatutario de la oposición aceptando ser diputado de este departamento", responde. Tiene sobre su cabeza dos amenazas. La primera llegó a una de las sedes de su campaña, donde se entregaron varios de sus afiches con mensajes intimidantes escritos a mano. La segunda fue una llamada amenazante contra su familia después del encuentro con Noticias Caracol. "Hay un miedo por mi integridad física, pero el miedo no nos puede inmovilizar", explica. En el departamento donde por más de medio siglo dominó la guerrilla de las FARC, el nuevo partido de la rosa roja no tiene candidato a la gobernación. "¿Es porque están apoyando a alguien por debajo de cuerda? ¿Perdieron todo su capital político con las disidencias y ya no tienen nada? Todavía nos deben la explicación por qué alias ‘Gárgola’ apareció en la lista", se pregunta Ariel Ávila. Los hilos de las elecciones en el Putumayo son peligrosos y están maquillados por el poder de las campañas. Una forma de hacer política donde la decisión de los votantes define el futuro de una rica región colombiana. Vea también: Crimen y política: bandas tienen puestos los ojos en candidatos del Putumayo
Encuesta de Transparencia por Colombia midió el grado de corrupción para conseguir votantes en estos comicios. “El 40% de las personas encuestadas manifiesta haber recibido algún tipo de ofrecimiento, favores o dinero a cambio de un voto”, indicó Andrés Hernández, director de la corporación. A pesar de que la cifra es alta, el organismo señaló que el porcentaje de silencio frente a dicho delito impide tener un cálculo más exacto de este tipo de corrupción. “El 78% de las personas tiene miedo a denunciar y el 58% considera que no va a pasar nada con su denuncia si llega a reportarla”, añadió Hernández. Una de las regiones más afectadas por la compra de votos es la costa. El excongresista David Char relató en su primera audiencia ante la JEP cómo el paramilitarismo se infiltró en el departamento de Atlántico y cómo funcionaba el delito electoral allí: “Las tres modalidades que yo conozco, que era la compra de votos, era una a través de materiales. Hablo de materiales de construcción que se cambiaban por el voto, la compra en efectivo del voto y otro que lo llaman el carrusel de la votación”. David Char reveló a la JEP cómo paramilitares permearon varias alcaldías del Atlántico La encuesta de Transparencia Internacional revela, además, que Colombia es el tercer país de América Latina donde se más se dio este acto ilegal en los últimos cinco años, por debajo de México (con 46%) y República Dominicana (con 40%). Transparencia por Colombia busca respaldo político para impulsar un proyecto que proteja a los denunciantes de estos delitos electorales.
Algunos de los candidatos a la gobernación del departamento traen sobre sí cuestionamientos por los apoyos de alias ‘Gárgola’ y su suegra. Putumayo es un departamento donde siempre la criminalidad ha ido unido a la política. En el Bajo Putumayo está la joya de la corona para las bandas criminales. Allí han aumentado los cultivos ilícitos y la minería ilegal como el oro y el coltán. Pero en estos momentos las bandas criminales tienen puestos sus ojos en los candidatos a las próximas elecciones. Cinco candidatos son los protagonistas de esta contienda a la gobernación: Jorge Coral, Jhon Molina, Boanerges Rosero, Leandro Romo y Jorge Cancimance. Es un departamento sin vías, sin salud, sin educación. Colombianos que soportan el cáncer de la corrupción y la violencia. Jorge Coral Rivas es el candidato de siempre, de origen conservador. Fue rechazado por su mismo partido y reencauchado en el Partido Ada, de la alianza afrodescendiente. "El Partido Conservador no optó por darme el aval (...) porque supuestamente estaba siendo investigado dentro de una acción que tuve en la época anterior", dice. Coral se refiere a la investigación que se adelanta en su contra por el video donde él aparece en su finca con Miguel Antonio Bastidas, alias ‘Gárgola’, y que según las autoridades es el máximo jefe criminal de la banda La Constru, señalada de manejar el negocio del narcotráfico, las rentas criminales y desapariciones en el Putumayo. Un video que al parecer fue grabado en el 2011, pero que salió a la luz en plena campaña electoral del 2015 y que deja en evidencia cómo se mueven los tentáculos criminales para permear la política. Para la época la Fiscalía aseguró que alias ‘Gargola’ fue capturado por hacer parte de la banda criminal La Constru, que operaba en el Putumayo. La Fiscalía capturó a Coral una semana antes de esas elecciones por sus presuntos nexos con la banda narcotraficante La Costru y aunque quedó en libertad hace dos años, su proceso sigue vivo en la justicia. Jorge Coral ha sido alcalde de Puerto Asís repetidas veces, su última reelección fue en periodo 2012 al 2015, tiempo durante el cual se le atribuyen grandes elefantes blancos y obras sin terminar. Por la construcción de la plaza de mercado tiene un proceso abierto. "Si Jorge Coral ganara seguramente, y si la justicia actúa durante su primer año de gobierno, Jorge Coral se tendría que ir para la cárcel", dice Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación. Jhon Molina le gana el aval conservador al cuestionado Jorge Coral. Su padrino político es Jimmy Díaz, representante a la Cámara y tradicional cacique azul. La suya es una de las campañas más grandes y ostentosas. Molina puntualiza que siendo gerente de la Empresa de Energía del Putumayo tuvo que poner cara a la tragedia de la avalancha en Mocoa, que cobró la vida de más de 300 personas y que lo impulsó a ser gobernador. A pesar de esa loable tarea, su candidatura acumula sombras dudosas en sus alianzas políticas. ¿Qué relación usted tiene con la candidata a la asamblea Gloria de María Ortiz? “Gloria de María Ortiz es candidata a la Asamblea, fue diputada por el Partido conservador; la conocí en el gobierno de Jimmy Díaz, pero aquí todos se conocen, es la suegra de Bastidas, alias ‘Gárgola’ (...) ella es parte de nuestro equipo”. ¿O sea que usted la apoya? “(...) yo no puedo decir quién participe o no en una campaña política, quien da los avales es el partido y si a ella (el Partido Conservador) le verificaron su hoja de vida, no debe tener ningún problema que le impida representar al partido y ejercer este liderazgo”. Según pares, el clan político de los conservadores en el Putumayo funciona como un relojito: “La suegra de alias ‘Gárgola’ es Gloria de María Ortiz, expresidenta de la Asamblea del Putumayo, nuevamente candidata a la asamblea y ‘Gárgola’ es además concuñado del coronel Elkin Alfonso Argote, exjefe del estado mayor de control y reservas del Ejército Nacional, quienes fueron descubiertos en un vehículo oficial en Soacha”, dice Ariel Ávila.
Este y otros tres municipios, entre ellos Belén de Bajirá, fueron incluidos en el censo electoral del vecino departamento. Comunidades están preocupadas. Propaganda política de un candidato a la alcaldía de Mutatá, en Antioquia, en la que pide su voto a los electores del Chocó empezó a inundar las calles de Belén de Bajirá, esto desde que el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, anunció que los votos de esta población y otros tres corregimientos del Chocó serían para Antioquia. Amaury Arteaga, miembro del comité prodefensa de Belén de Bajirá, dice que la noticia les cayó como un baldado de agua fría. “En el momento en que el registrador anuncia el cambio del censo electoral pues ellos sienten que esa votación, que es un potencial bastante amplio, alrededor de cuatro mil votos, van a contar para Antioquia y no para Chocó”, dice. Un caudal electoral nada despreciable. Borlin Valencia, candidato que aspira a la Alcaldía de Riosucio, Chocó, dice que el tema los afecta porque les roba sus electores. Según la decisión del registrador, los votos de Belén de Bajirá, Chocó, serán contados en el municipio de Mutatá, Antioquia, y los de los corregimientos chocoanos de Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente, lo harían para Turbo también en Antioquia. Pero eso no es todo, los líderes chocoanos también denunciaron un supuesto trasteo de electores cuando estaban en proceso de inscripción de cédulas. Antioquia y Chocó mantienen una disputa territorial por estas poblaciones, sin embargo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi publicó en 2017 el mapa oficial que ubica a estos corregimientos en el Chocó. Las comisiones territoriales de Senado y Cámara también concluyeron que no hay lugar a límites dudosos, decisiones que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha cuestionado y ha intentando frenar, sin éxito, en el Consejo de Estado. Galindo explicó en este boletín oficial por qué su despacho en la Registraduría dio luz verde a la solicitud del gobernador de Antioquia de trasladar el censo electoral. “El señor registrador nacional del estado civil ha realizado un análisis de los documentos aportados y los hechos probados en la actuación y en consideración a las normas constitucionales y legales que regulan los conflictos limítrofes, de acuerdo con las cuales quien los dirime es el congreso y no el IGAC, (…) determinó inaplicar por inconstitucional el mapa publicado por el IGAC el 9 de junio de 2019”. Así las cosas, dispuso que en el censo electoral del municipio de Mutatá se incluya el corregimiento de Belén de Bajirá y en el municipio de Turbo se incluyan los corregimientos de Blanquiset, Macondo y Nuevo Oriente. Sin embargo para Julio Cesar Ortiz, abogado de la parte chocoana, el registrador no tiene facultades para inaplicar por inconstitucional el mapa del IGAC. La Procuraduría General también se pronunció frente a este hecho. El ente disciplinario le solicitó al registrador Galindo revocar la decisión de trasladar el censo electoral por apartarse de un fallo de tutela que justamente pidió a la Registraduría realizar el proceso electoral en estas poblaciones chocoanas. A los habitantes de belén de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente les preocupa que un tema tan sensible como el diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó se haya convertido en un botín electoral en estos comicios regionales. Los habitantes de la región han aguantado el embate de guerrilleros y paramilitares y juntos: afros, chilapos e indígenas luchan por superar sus diferencias y esperan que puedan votar en paz como dicen las normas, los votos chocoanos para el Chocó.
MOE explica las razones para que en estas zonas la cifra sea tan alta. Es importante que los ciudadanos verifiquen si su documento es válido para sufragar. En el Tolima se inscribieron 89.391 cédulas de las cuales 72.944 fueron anuladas, es decir el 82 %. En el Huila se inscribieron 71.772 personas de las cuales 51.964 fueron anuladas, lo que equivale al 72 %. Según los investigadores de la Misión de Observación Electoral son fenómenos de economías, de nuevas económicas. “Estos territorios tienen hoy en día la mayor producción de café, las cosechas van y vienen y esto genera una posible inscripción de cédulas. De pronto no pueden mostrar el arraigo en el territorio, pero sí realmente están trabajando allá”, dice Germán Robayo, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia. En Atlántico y Antioquia se anularon 258.992 cédulas de las 649.626 inscritas. Pero hay cifras que llaman la atención. Tres de los departamentos azotados por la violencia política muestran el menor índice de posible trashumancia electoral. Cauca, Valle del Cauca y Bolívar. "Pueden ser territorios donde ya hay un arraigo político, en donde los políticos tienen un caudal electoral que demuestran que no necesitan captar más gente”, dice Robayo. Pero para la Misión de Observación Electoral existe una mayor preocupación. "Con cada una de las cédulas anuladas hay que ser minuciosos, saber por qué fueron anuladas y tener en cuenta que cada voto en esta elección es mucho más visible”, explica Germán Robayo. Esta organización le hace un llamado a los ciudadanos para que verifiquen si su cédula se encuentra activa para votar. En caso de no estarlo pueden acudir al recurso de apelación y dar sus explicaciones por el cambio de puesto de votación.
Desde lechona hasta amenazas de perder su trabajo hacen parte de las tácticas usadas por los que buscan robarse las elecciones. Píllense cómo es la vuelta.