Luego de que se conociera el caso de un cirujano plástico en Santander que supuestamente no trabaja con pacientes con coronavirus y aun así recibió la primera dosis de la vacuna COVID de Pfizer, las autoridades se declararon en alerta para no permitir que quien no forme parte de la primera línea de priorizados se salte la fila.
Sin embargo, ahora en Bogotá aparece un supuesto nuevo caso. Se trata una joven politóloga que fue vacunada y, según denuncias, no haría parte del personal de talento humano en salud catalogado como prioridad para la dosis ni tampoco tiene 80 años.
La Superintendencia de Salud, la Procuraduría General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, que vigilan el plan nacional de vacunación, investigan y evalúan si hubo alguna irregularidad en el proceso.
"Quiero hacer un llamado a todas las secretarías de Salud del país, a todas las EPS e IPS y a cada uno de los responsables de las vacunas para que sean estrictos en el cumplimiento del plan nacional. Desde ya les advierto que no admitiremos ninguna irregularidad, como tampoco las excusas con las que pretenden evadir el orden de asignación", recalcó Margarita Cabello, procuradora general.
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Quien se haga pasar por una condición que realmente no tiene, en aras de adelantarse o saltarse los cronogramas de priorización establecidos por el Ministerio de Salud, estaría incurriendo en varios delitos.
"Comete el delito de falsedad personal que tiene contemplada una pena de multa. Si por el contrario, para sustentar esta situación, se presentan documentos falsos, tales como constancias, certificaciones, historias clínicas, pues comete el delito de falsedad en documento privado. Ya si estamos inventando diplomas de pregrado de universidad es un delito de falsedad de documento público", detalló Francisco Bernate, abogado penalista.
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El tráfico de influencias entre funcionarios públicos o particulares también debe ser vigilado.
"Quienes abusen de su condición de servidor público, exservidor público o de particular e influyan para que ciertas personas sean adelantadas en el proceso de vacunación, ya estamos frente al delito de tráfico de influencias que tiene una pena de cuatro a ocho años de prisión", advirtió el abogado penalista.
Estas violaciones al plan nacional de vacunación, además de sanciones disciplinarias, administrativas y penales, podrían llegar al comité de ética médica.
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