El algoritmo Betto busca identificar a los contratistas que se roban los recursos destinados para la primera infancia y que, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), acabará la contratación subjetiva, es decir, a dedo.
“De hecho, el algoritmo tiene acceso a la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría) que es donde salió la notificación qué hay presuntas irregularidades por parte de algunos operadores entonces es blindar los recursos de la primera infancia”, dijo Lina Arbeláez, directora del ICBF.
El algoritmo usa la inteligencia artificial para realizar una trazabilidad con los sistemas de información de los órganos de control para identificar a los operadores idóneos.
Ante la indignación que han causado las presuntas irregularidades denunciadas por la Contraloría en la entrega de canastas nutricionales para los niños más vulnerables en Colombia durante la pandemia del coronavirus COVID-19, el presidente Iván Duque pidió acelerar la entrada en funcionamiento del algoritmo Betto.
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“Que el cruce de base de datos con la Contraloría sea cada vez más efectivo con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo cierto es que tenemos que ser contundentes frente a las ratas de alcantarilla que han tratado de desviar esos recursos”, dijo el mandatario de los colombianos.
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El ICBF asegura que la plataforma ya identificó a más de 161.000 niños de zonas apartadas de Chocó, Vaupés, Guaviare y la Amazonía, que estaban invisibilizados por los contratistas, pero que en el 2021 recibirán la atención integral que necesitan.
Tres alertas lanza Transparencia por Colombia con este sistema: que se asegure el buen cruce de información, la calidad de los datos utilizados y un control y seguimiento.
“De esta manera, estas plataformas se vuelven mucho más eficientes y nos permiten no solo responder a escándalos, sino anticiparnos a presuntas irregularidades”, dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.
La efectividad de la plataforma, que se da a conocer tras el escándalo sobre laentrega, a nombre de 15.000 fallecidos, de más de 28.000 mercados destinados a menores vulnerables en distintas zonas del país, se pondrá a prueba para la contratación que inicia en febrero de 2021.
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