Hace un mes el presidente Iván Duque anunció la compra de millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, no se conoce información precisa como montos o condiciones, pues para el gobierno se deben respetar los acuerdos de confidencialidad.
Camilo Enciso, del Instituto Anticorrupción, dijo que esta situación deja “más dudas que claridades alrededor de todo este tema”.
“Desde el principio la forma en que el gobierno nacional ha abordado todo lo relacionado con los contratos ha sido muy opaca, muy oscura. Queda muchísimas inquietudes. Solo para plantear una, que se desprende de las declaraciones como del ministro el día de ayer, le pondría este ejemplo: ayer mencionaron en uno de los videos que pasaron en el top show que tiene el presidente por las tardes la siguiente información: dicen que se han adquirido 9 millones de vacunas con una de las multinacionales. Sin embargo, el ministro de Salud, en la declaración que da unos pocos minutos después, no habla de 9 millones de dosis sino que habla de 5 millones de dosis. Aquí hay diferencias abismales. Estamos hablando de 4 millones de diferencia, en donde uno se pregunta realmente cuál es el contenido, el alcance de lo que el gobierno nacional supuestamente ha pactado con las empresas que van a proveer la vacunas para atender a la población colombiana”, afirmó Enciso.
Pero quizá la duda más grande es “por qué el gobierno nacional está invocando ahora la excepción o las excepciones de los artículos 18 y 19 de la ley de transparencia y acceso a la información pública que, en nuestra interpretación, no aplica en este caso”.
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Según el director del instituto, “lo que está pasando es que el gobierno está diciendo que estos contratos no se pueden publicar porque son información protegida por una de dos razones. La primera porque aplica un secreto industrial; uno entiende que las empresas farmacéuticas que han realizado inversiones gigantescas para el desarrollo de las vacunas quieran proteger su información que tiene que ver con sus patentes, con sus investigaciones, eso es razonable. Lo que no es razonable es que el resto de los contratos, incluyendo los montos, la fecha de entrega, lugares de entrega, no sean revelados de manera proactiva a la ciudadanía”.
La segunda excepción que invoca el gobierno, dice Enciso, “es la del artículo 19, que dice literalmente que el Estado puede no publicar información cuando tenga relación con daño a intereses públicos en los casos de salud pública. Ahí es donde el argumento del gobierno pareciera más fuerte. Pero ahí está el problema de no leer las normas completas, de no leer las leyes en su integridad y de manera armónica, porque ese mismo artículo, en su parte introductoria, dice que esa reserva es posible siempre que dicho acceso estuviera expresamente prohibido por norma legal o constitucional. Lo que los periodistas deberían estarle preguntando en este momento al gobierno es cuál es la norma constitucional o de rango legal que permite que el gobierno no publique estos contratos”.
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Así las cosas, considera Enciso que “son flojos los argumentos del gobierno, no nos persuaden y creemos que deben primar el principio de transparencia y acceso a la información pública”.
Saber si en realidad existe un contrato de vacunas “se vuelve un acto de fe” porque no hay un contrato que lo demuestre.
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